30 Outubro 2012

A 20 años del asesinato de Pepe Carrasco en Chile Crimen sin castigo

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Horas después del fallido atentado al general Pinochet fue secuestrado y asesinado de 14 balazos en la cabeza el periodista José Carrasco Tapia. No fue la única víctima en esa noche. Otros tres opositores al régimen militar fueron también asesinados. Dos décadas después están identificados los militares implicados –no así los civiles–, pero aún no hay condenas.
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La atmósfera que se respiraba en septiembre de 1986 era de cortarse con cuchillo. Augusto Pinochet se aprestaba a cumplir 13 años en el poder en medio de jornadas de protestas cada vez más masivas y violentas. El Partido Comunista había decretado ese año como “decisivo” y pocos días antes se había descubierto parte de un importante arsenal ingresado por Carrizal Bajo, una pequeña caleta de la III Región. Muchas de las publicaciones de oposición que denunciaban los atropellos de los derechos humanos cometidos por la Central Nacional de Informaciones (CNI), el órgano represor del régimen, eran perseguidas y silenciadas por los censores de turno. En la tarde del domingo 7, un comando del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) intentó acabar con la vida del dictador atacando a su comitiva en la cuesta Achupallas, en el Cajón del Maipo. Tres vehículos fueron destruidos y cinco escoltas perdieron la vida, pero el general Pinochet libró sólo con unos rasguños y sediento de rencor y venganza. En La Moneda se realizaron múltiples reuniones para analizar la situación y decidir las acciones futuras. El expediente judicial del caso consigna especialmente la que sostuvieron el almirante José Toribio Merino y el entonces director de la CNI, general Humberto Gordon, hoy ambos fallecidos. A la medianoche, el país estaba bajo estado de sitio. Nadie podía desplazarse por las calles, salvo un grupo de hombres armados que durante la madrugada del lunes 8 se dirigieron raudos a los hogares de varios opositores al régimen militar. A las cinco de la mañana derribaron la puerta del departamento del editor de Internacional de la revista “Análisis” y consejero metropolitano del Colegio de Periodistas, José Carrasco Tapia. La vendetta también cobró la vida de Felipe Rivera, Gastón Vidaurrázaga, Abraham Muskablit. Pepe o Pepone (43), como le decían sus cercanos, vivía en el barrio Bellavista con su compañera, Silvia Vera, y dos hijos de él y uno de ella. “Ese día terminó su vida, nuestra historia y la familia que teníamos. Pepe fue fantástico conmigo y el padre que mi hijo no tuvo, porque lo desaparecieron cuando él tenía 18 días de vida”. Dos semanas antes, el 20 de agosto, Carrasco denunció una burda operación de los servicios de seguridad para asesinarlo, anunciando con panfletos anónimos que su partido –el MIR– lo había condenado a muerte por una pugna interna. Amanecía el 8 de septiembre cuando, descalzo y a medio vestir, Pepone fue arrastrado hasta el lugar de su muerte: el muro perimetral del cementerio Parque del Recuerdo, en la circunvalación Américo Vespucio. Esa mañana, una ráfaga que duró segundos interminables despertó a los pobladores de la Villa Héroes de la Concepción y durmió para siempre al combativo reportero que volvió desde el exilio decidido a derrocar la dictadura o morir en el intento. CULPABLES SIN SENTENCIA Tras la detención de Pinochet en Londres en 1998, un nuevo escenario judicial se abrió para las causas de derechos humanos. En el 2001, el ministro Hugo Dolmestch asumió el caso y procesó a los agentes de la CNI Jorge Vargas Bories, Iván Quiroz Ruiz y Carlos Fachinetti como los autores materiales del crimen, y a Álvaro Corbalán como quien dio la orden de matar. El primer confeso fue Vargas Bories, a quien Iván, el hijo mayor de Pepe, identificó con total seguridad en una rueda de reconocimiento a principios de los ’90. Aunque a dos décadas los crímenes aún no hay sentencia para los culpables, el abogado Nelson Caucoto confía en alcanzar pronto un fallo condenatorio. Sin embargo, persisten sus dudas sobre los responsables intelectuales del crimen. Recuerda que, tras el atentado, en La Moneda se reunieron altas autoridades, como el ministro secretario general de Gobierno, Francisco Javier Cuadra, los jefes de la policía y de la CNI. “Al salir de la reunión, Humberto Gordon instruye a Álvaro Corbalán para aniquilar a dos opositores por cada uno de los escoltas caídos en El Melocotón… El que uno de los participantes de ese ‘cónclave’ decida por sí mismo que ‘hay que matar’, a mí no me cuadra”, enfatiza Caucoto. Por otro lado, el abogado Luis Eduardo Thayer, quien patrocinó el 15 de septiembre de 1986 la querella presentada por el Colegio de Periodistas en relación al asesinato de José Carrasco, sostiene que la relación de hechos está clara. Según consta en el proceso, el preámbulo de los crímenes fue el siguiente: Con el fin de recibir instrucciones, Álvaro Corbalán regresó a la capital y se dirigió al Cuartel General de la CNI, citado por el general Humberto Gordon Rubio, quien se había reunido en La Moneda con el almirante José Toribio Merino Castro, comandante en jefe de la Armada y segundo en la sucesión del mando de la Junta Militar de Gobierno. En el cuartel de calle República, el general Gordon ordenó al mayor Corbalán Castilla y al teniente coronel Manuel Provis, comandantes de la División Antisubversiva y de la División Política Metropolitana, los órganos operativos básicos de la CNI en ese momento, que agentes de sus respectivas dependencias debían salir y vengar a los cinco escoltas fallecidos, en una proporción de dos a uno. Para Iván Carrasco (36), el asesinato de su padre “fue un hecho brutal y horroroso que he podido superar, pero no así mi hermano Luciano, quien tenía 14 años cuando ocurrió, y le afectó hasta ya adulto y terminó por arrojarlo a las vías del tren en 2002”. LND “¿POR QUÉ TENDRÍA QUE HABER SABIDO?” Francisco Javier Cuadra: En una extensa conversación informal, de la cual sólo permitió que se divulgaran algunas partes, el ministro secretario general de Gobierno al momento del asesinato de José Carrasco, señaló a LND que el cargo que ostentaba no implica “en ningún lugar del mundo” que se sepa todo lo que pasa en el país. “Menos, aquellas cosas que, como se ha demostrado en el proceso judicial, fueron cometidas en el ámbito de una especie de asociación ilícita para delinquir, al margen del Estado”. Cuadra señala: “Nunca más quiero hablar de este tema que me ha causado mucho sufrimiento, porque me han imputado culpas que no tengo, me han pasado una cuenta que no me corresponde. He tenido que ocupar mi tiempo y mi patrimonio en dar explicaciones de un hecho sobre el cual ya declaré todo lo que sabía ante el ministro Dolmetsch”. Y añade: “¡Cuánto hubiera querido que lo que pasó el 8 de septiembre de 1986 nunca hubiese ocurrido! Son hechos que tajantemente rechazo y repruebo”. El ex vocero del régimen militar expresa: “En esos años, la preocupación fundamental del equipo de civiles en el Gobierno era implementar la transición hacia la democracia plena, dentro de la Constitución, y restaurar el orden económico-social. Todo ese trabajo, que había costado mucho, se malograba con situaciones como esa, que no eran queridas ni buscadas por nosotros”. Enfático, Cuadra señala que “no tengo responsabilidad alguna en el tema”, y que su cargo no implicaba que supiera todo lo que pasaba en el país. “¿Por qué tendría que haberlo sabido? ¿Acaso un vocero de Gobierno sabe todo lo que ocurre?”. Sin embargo, varios periodistas no olvidan lo que ocurrió la noche del atentado en las oficinas de la revista “Apsi”. “De un vehículo bajaron unos tipos sospechosos y trataron de entrar. El editor llamó a La Moneda a Francisco Javier Cuadra, quien le dijo: ‘Llamen a Carabineros, porque la jauría anda suelta y no tengo forma de controlarla’”. Los periodistas de “Apsi” siguieron el consejo y llamaron a Carabineros. Al poco rato llegó una patrulla que logró que los extraños personajes se fueran. Un golpe de suerte que, desgraciadamente, no tuvo el editor de Internacional de la revista “Análisis”, Pepe Carrasco. * Tomado de lanacioncl, http://www.lanacion.cl

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