Tegucigalpa, Honduras
9 y 10 de agosto de 2012
Los participantes de la Conferencia de Seguridad, Protección y Solidaridad para la Libertad de Expresión convocados por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Asociación de Medios de Comunicación de Honduras, se reunieron en Tegucigalpa, con el objetivo de generar consensos que permitan elaborar políticas públicas idóneas, alcanzables y verificables, de las que se desprenda un plan de acción que permita atender y revertir la grave situación de inseguridad e impunidad que enfrenta el ejercicio periodístico en el país.
Conscientes de que la democracia y su sano desarrollo depende de la existencia de la libertad de expresión, que es un derecho fundamental plasmado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 19, y reconociendo que los principios de la Declaración de Chapultepec constituyen un documento básico que contempla las garantías y la defensa de la libertad de expresión, la libertad e independencia de la prensa y el derecho a la información.
Teniendo en cuenta los esfuerzos de las agencias intergubernamentales como la UNESCO, la OEA, los relatores especiales de Libertad de Expresión y Defensores de Derechos Humanos del mundo, de que garantizar la protección de los periodistas y de la libertad de prensa es una responsabilidad del Estado, al igual que garantizar una justicia transparente y expedita en los crímenes de prensa.
Conscientes de que en Honduras como en toda Latinoamérica prevalece una grave amenaza hacia el ejercicio libre del periodismo, expresamos a continuación los compromisos, consensos y propuestas alcanzadas en esta Conferencia entre los diferentes actores que participaron desde los Poderes Ejecutivo y Legislativo; así como representantes de la academia, medios de comunicación, organismos intergubernamentales, organizaciones internacionales, invitados especiales de otros países, editores y periodistas.
Acciones específicas:
Las organizaciones presentes, medios y periodistas darán seguimiento a las propuestas hechas en esta conferencia, en particular, las cuatro que formuló el presidente Porfirio Lobo, las cuales responden a algunas de las demandas que la SIP ha formalizado ante el gobierno de Honduras, pretendiendo que se consoliden como políticas de Estado, y que se cristalizaron en esta Conferencia.
El mismo seguimiento se dará a las propuestas y compromisos presentados en este foro por los legisladores Jariet Waldina Paz y Augusto Cruz Asensio, así como la secretaria de Justicia y Derechos Humanos, Ana Pineda.
En suma, estas propuestas y compromisos fueron:
La creación de una unidad especial de investigación de crímenes contra periodistas y grupos vulnerables, conformada por policías de investigación y fiscales.
La implementación y funcionamiento del mecanismo institucional para protección de los periodistas y otros grupos especialmente afectados por la violencia generalizada, creado dentro de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos de Honduras.
La creación de juzgados especiales en derechos humanos para procesar, entre otros casos, aquéllos en los que los periodistas sean víctima.
La elaboración de la propuesta de reforma para la despenalización de los delitos de injurias, calumnias y difamación, para que sólo se atiendan y diriman por la vía civil.
Se exhorta a los poderes públicos a llevar a cabo un análisis técnico-jurídico y consensuar una propuesta única de ley que dé soporte y facilite la implementación efectiva del mecanismo de protección para periodistas y grupos vulnerables.
Estas iniciativas serán impulsadas y apoyadas por el Partido Liberal, según lo manifestado por el presidente de esa bancada en esta Conferencia, y también se hizo un llamado por parte de los legisladores para que prevalezca la voluntad política para la aprobación de estas iniciativas por parte del Congreso Nacional.
Acciones que se proponen:
También se dará seguimiento a las propuestas que fueron comunes en las diferentes mesas de trabajo, las cuales se describen a continuación:
Exigir que el Estado asuma su responsabilidad y obligación de respeto a la libertad de expresión y pensamiento, cumpliendo las sentencias emitidas por tribunales nacionales e internacionales, así como la implementación oportuna y eficaz de medidas cautelares para la protección de periodistas y comunicadores sociales.
Demandar que el Ministerio Público cuente con la infraestructura técnica y presupuestal suficiente, particularmente la unidad especial que el Ejecutivo creará para los casos de periodistas y grupos vulnerables, y que sus funcionarios reciban capacitación para que puedan atender los delitos de forma integral y eficaz.
Exigir que en los órganos persecutores de delitos establezcan estándares de calidad en su desempeño, que fomenten la transparencia en las investigaciones de ataques contra periodistas y comunicadores sociales.
Verificar que el Poder Legislativo discuta y apruebe la propuesta de despenalización de los delitos de injuria y calumnia, particularmente en torno a los funcionarios públicos, para que no sea una forma de censura del ejercicio periodístico.
Exigir el fortalecimiento de los mecanismos para un acceso genuino a la información de gobierno, a través Instituto de Acceso para la Información Pública, considerando la transparencia como un elemento sustancial en el ejercicio de la libertad de expresión.
Verificar y exigir que el mecanismo de protección para periodistas que implementará la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos tenga un sustento legal en el que se garantice su permanencia, un presupuesto suficiente, incluya la participación social, interinstitucional, la protección a testigos de ataques a periodistas, y una policía confiable y entrenada para ofrecer esa protección.
Exigir al Ejecutivo que incluya en la agenda de Comisión de Seguridad Centroamericana y en particular dentro de la Comisión Interamericana contra la Delincuencia Organizada, estrategias de protección al ejercicio periodístico y de persecución contra quienes atentan contra los comunicadores.
Crear conciencia al interior de los medios de comunicación de la necesidad de adquirir un compromiso serio en el ejercicio de la libertad de expresión y, en particular, en cómo se informa de manera responsable, seria y ética, que fomente una cultura de legalidad y no permita la autocensura.
Adoptar en los medios de comunicación los mecanismos de evaluación de riesgo y de protección frente al riesgo, que sean obligatorios y permitan ejercer un periodismo responsable y seguro, y para fortalecer estas medidas organizar talleres de autoprotección y ética.
Promover que los periodistas asuman, como responsabilidad individual, su capacitación permanente en estándares de calidad y ética periodística, medir riesgos frente a coberturas peligrosas, denunciar amenazas ante organismos de derechos humanos y ante las autoridades.
Revisar las condiciones en las que se hace el periodismo en Honduras, para que se implementen salarios adecuados, seguros de vida y protocolos obligatorios para coberturas periodísticas de riesgo.
Impulsar y fomentar la solidaridad entre medios de comunicación y comunicadores sociales, así como organizaciones de periodistas, creando espacios de diálogo para que de forma conjunta se pronuncien contra los ataques a los informadores y se incluyan dentro de la agenda periodística la investigación de estos crímenes y la lucha contra la impunidad en estos casos.
Promover entre organizaciones y medios de comunicación campañas de concientización sobre la importancia del ejercicio de la libertad de expresión.
ESTA CONFERENCIA CIERRA CON LA ESPERANZA DE LOS CAMBIOS A FUTURO CERCANO, PERO TAMBIÉN CON LA CONGOJA Y PÉSAME DEL ASESINATO DE UN NUEVO EMPLEADO DE UN MEDIO DE HONDURAS, OCURRIDO EL DÍA DE HOY.
DE ACUERDO A LOS INFORMES PRELIMINARES, SE TRATA DE JOSÉ NOEL CANALES DE HONDUDIARIO, HECHO QUE DEMUESTRA LA URGENCIA Y LA IMPORTANCIA QUE SE IMPLEMENTE ESTE PLAN DE ACCIÓN
