Reclama al Congreso debatir proyecto de ley de telecomunicaciones sobre la base de criterios técnicos y de razonabilidad.
Miami (18 de marzo de 2013) – La Sociedad Interamericana de Prensa llama respetuosamente la atención al Congreso de Honduras para que la reforma a la Ley Marco del Sector de Comunicaciones contemple “criterios eminentemente técnicos, de razonabilidad y según parámetros internacionales” que rigen las regulaciones de servicios de telecomunicaciones.
En su reciente reunión de Puebla, México, la SIP lamentó el carácter político y “disciplinario” del proyecto de reforma a la Ley Marco del Sector de Comunicaciones, elaborado por el Poder Ejecutivo. El presidente Porfirio Lobo dijo que enviará la iniciativa legal al Congreso esta semana.
El presidente de la SIP, Jaime Mantilla, director del diario Hoy de Ecuador, lamentó que se utilice la excusa de la “democratización de los medios” para imponer “nuevas reglas de juego que pueden terminar en el disciplinamiento y el silencio de las críticas de los medios independientes y privados”.
Mantilla agregó que la “verdadera democratización” es cuando se crea un ambiente para aumentar la competencia y propiedad de los medios de comunicación privados e independientes, “al contrario de lo que puede estar pasando en Honduras”.
El proceso de elaboración del proyecto de ley del Ejecutivo se dio en el marco de continuas críticas del presidente Lobo a los medios, a los que acusó de conspirar, servir a intereses económicos y perjudicar la moral de los ciudadanos.
Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, recordó que la “democratización de los medios” fue la justificación que utilizaron muchos gobiernos en esta última década – Argentina, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, entre otros países - para imponer un férreo control sobre los medios independientes y permitir el nacimiento de monopolios estatales de medios informativos que desnaturalizaron la democracia.
Entre otras cosas, la nueva legislación crearía una “Comisión Reguladora de Contenidos” que influirá directamente en los criterios editoriales de los medios. Prohibiría a los accionistas de una empresa de telecomunicaciones participar en otras empresas mercantiles; mientras que distribuiría un 33% de frecuencias al sector público, 33% al sector privado y otro 33% a radios "comunitarias". Establecería regulaciones de competitividad mediante un órgano regulador que no prevé garantías de transparencia para asegurar una distribución adecuada de frecuencias y una supervisión ajena a la influencia política.
El proyecto también determinaría sanciones absolutamente excesivas para las infracciones a la ley o sus reglamentos, incluyendo normas que permiten la confiscación de bienes inmuebles, equipos, redes y demás bienes de las empresas del sector de telecomunicaciones. Instauraría condicionamientos previos sobre "veracidad", "oportunidad" e "imparcialidad", lo cual en los hechos pondría en práctica la censura previa. También dispondría normas que violentan tratados en materia de garantía de inversiones, comercio internacional y libre comercio.
La SIP aprobó en su asamblea de Puebla que enviará pronto una misión a Honduras para observar el proceso de esta reforma, así como discutir con el Congreso otros problemas que afectan a la libertad de expresión, en especial la violencia contra los periodistas y los crímenes aún impunes.
A continuación, el texto de la resolución oficial de la SIP sobre Honduras que fue enviada al Congreso de ese país:
CONSIDERANDO que el Gobierno promueve actualmente una reforma a la Ley Marco del Sector Telecomunicaciones, que violenta disposiciones constitucionales y principios universalmente aceptados en materia de libertad de expresión y derechos humanos, como los expresados en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prohíbe la censura previa y la restricción de la libre expresión por vías o medios indirectos, como el abuso de controles oficiales de frecuencias radioeléctricas
CONSIDERANDO que la normativa propuesta está totalmente alejada de los estándares internacionales en materia de telecomunicaciones, al establecer sanciones arbitrarias, cuotas de mercado que no se fundamentan en criterios de razonabilidad y un ente regulador que carece de independencia y que goza de una amplia discreción para la adjudicación y revocación de licencias, así como para la imposición de sanciones, habilitando un control editorial indirecto
CONSIDERANDO que dicho proyecto de ley contiene además disposiciones discriminatorias para las personas que sean accionistas de medios de comunicación al limitar su participación societaria en empresas de otros sectores
CONSIDERANDO que dichas reformas se promueven en medio de fuertes cuestionamientos de parte de funcionarios del Gobierno hacia los medios de comunicación independientes a quienes culpan por los altos niveles de inseguridad que vive el país
CONSIDERANDO que debido a la difícil situación que vive Honduras se le ha solicitado a la SIP enviar una misión internacional a ese país
CONSIDERANDO que el contenido del proyecto de ley vulnera claramente los principios 1, 2, 5, 7 y 9 de la Declaración de Chapultepec
LA REUNIÓN DE MEDIO ANO DE LA SIP RESUELVE
exigir al Poder Legislativo que al momento de someterse a su consideración el proyecto de ley, este cumpla de manera irrestricta con los principios universales reconocidos en materia de libertad de expresión, en especial aquellos contenidos en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, y que se base en criterios eminentemente técnicos, de razonabilidad y según los parámetros internacionales que rigen en materia de regulación de servicios de telecomunicaciones
solicitar a las instituciones correspondientes que en las instancias competentes velen por que sean preservados los principios fundamentales que el proyecto de ley compromete, en particular aquellos vinculados con la libertad de expresión y otras garantías fundamentales
expresar su preocupación por las consecuencias negativas que la normativa aprobada tendrá para la libertad, la diversidad y la sustentabilidad de los medios vigentes en el país, particularmente por la carencia de una autoridad reguladora técnica, independiente y protegida de influencias políticas o de cualquier otro tipo
alertar a la comunidad empresarial de América y del mundo sobre las restricciones societarias que discriminan a los que posean participaciones en medios de comunicación y otras disposiciones que contravienen tratados bilaterales y multilaterales de garantía a las inversiones y libre comercio
demandar al Gobierno el cese inmediato de la descalificación y la estigmatización contra los medios de comunicación, periodistas y demás personas o grupos que ejercen su derecho a la libre expresión y emisión del pensamiento;
extender una misión internacional de la SIP a Honduras, a continuación de su visita a México, para analizar temas que afectan a la libertad de prensa en ese país.
La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Estados Unidos.
