MIAMI (Marzo 4) - La Sociedad Interamericana de Prensa, a través de su Comisión de Libertad de Prensa e Información, manifestó su preocupación al Poder Ejecutivo argentino por un nuevo proyecto tributario que impone el impuesto al valor agregado a la publicidad en los medios de comunicación y a la televisión por cable, creando mayor presión fiscal en detrimento de la libertad de prensa.
En una carta enviada al presidente Carlos Menem, el titular de la Comisión de Libertad de Prensa, Danilo Arbilla, expresó que "esta nueva carga impositiva en la medida que se transforma en una mayor presión fiscal para el sector periodístico, modifica las reglas del juego y se aparta de compromisos públicamente asumidos por Ud., afectando el pleno ejercicio de la libertad de prensa".
Arbilla, director del semanario Búsqueda, Montevideo, Uruguay, fundamentó que de ser aprobado ese proyecto por el Congreso argentino "incidirá en la solidez económica de los medios de comunicación, especialmente a las empresas medianas y pequeñas, haciendo peligrar la independencia, pluralidad y diversificación de fuentes periodísticas, elementos necesarios para consolidar la libertad de prensa y recursos estratégicos para la manuntención del sistema democrático. Esta carga tributaria -agregó- afectará así, directamente, el derecho del público al acceso a la información".
En la misiva al presidente Menem se le exhorta a que utilice los mecanismos necesarios para que el proyecto aludido "no incluya aspectos de mayor presión tributaria para los medios, aspecto que lesiona la libertad de prensa y de expresión".
En otro orden de cosas, Arbilla lamentó un fallo judicial en la provincia de Salta por medio del cual un juez dictó sentencia de prisión de "tres meses en suspenso" por el delito de injurias contra el periodista Héctor Aballay de la localidad de Profesor Salvador Mazza, a quien luego se le rechazó su recurso de Casación.
Aballay fue condenado porque tres años atrás leyó en su programa radial una información de un diario de circulación nacional referente a que un funcionario municipal estaba siendo procesado por intento de violación a una menor.
Asimismo, la Comisión de Libertad de Prensa condenó las diversas amenazas contra periodistas y directivos del diario La Gaceta de la ciudad de San Miguel de Tucumán, en el norte argentino, las que provendrían de allegados al gobernador de Tucumán, Domingo Bussi. Las amenazas, se dununció ante la SIP, serían en represalia por publicaciones referentes a que Bussi está siendo investigado por las autoridades por una cuenta secreta en un banco suizo, que dataría desde la época en que fue interventor militar en esa provincia durante la última dictadura militar.
