Miami (14 de mayo de 2013). - La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) calificó la incautación de registros telefónicos de la agencia de noticias Associated Press (AP) y de sus periodistas, realizada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, como “una grave afrenta a la libertad de información y una violación al derecho a la reserva de las fuentes confidenciales”.
AP informó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos le notificó el viernes pasado que entre abril y mayo de 2012 recopiló los reportes de más de 20 líneas adjudicadas a la agencia entre los que se incluyen teléfonos personales de sus periodistas, de sus oficinas en Nueva York, Washington y Hartford, así como el de su teléfono en la Cámara de Representantes.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo, expresó que “la indagación del gobierno en este caso constituye una grave afrenta a la libertad de información y una violación al derecho a la reserva de las fuentes confidenciales, fundamental para el ejercicio de una prensa libre”.
El Departamento de Justicia no explicó las razones de la recopilación de los registros. Sin embargo, se cree que podría estar vinculada a una declaración previa del gobierno en la que expresó que la Fiscalía Federal en Washington DC había iniciado una investigación penal sobre la filtración a la prensa de información considerada secreta, contenida en un despacho publicado por AP el 7 de mayo de 2012.
La referida nota informó sobre un operativo de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en Yemén que desmanteló un plan terrorista de Al Qaeda para detonar una bomba en un avión que se dirigía a Estados Unidos. Entre los registros telefónicos incautados se encuentran los números asignados a cinco periodistas y un editor que participaron en la redacción del despacho.
Paolillo, director del semanario Búsqueda de Uruguay, agregó que “la ejecución de esta medida y en gran magnitud en contra de una de las más conocidas y prestigiosas agencias de prensa del mundo, presenta también una seria preocupación y llamado de alerta para quienes no gozan del respaldo de una empresa como ésta; es necesario estar vigilantes”. Añadió que “la SIP se suma al pedido del presidente y director general de AP, Gary Pruitt, quien exigió al gobierno la devolución de los registros telefónicos y la destrucción de todas las copias”.
Paolillo recordó que la Declaración de Chapultepec establece que "no podrá obligarse a ningún periodista a revelar sus fuentes de información". Asimismo, destacó que la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos prevé que "todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales".
En el informe sobre la situación de la libertad de prensa en Estados Unidos, presentado en la reunión semestral de la organización en marzo pasado, se consignó que: “La Administración de Obama ha enjuiciado, por presuntas filtraciones bajo la ley de espionaje de 1917, a más funcionarios del gobierno que todos sus predecesores juntos desde la Administración de Reagan. El levantamiento de cargos contra seis personas bajo la ley de espionaje ha atraído la crítica de quienes dicen que los ataques del Presidente enfrían la disensión y limitan la libertad de prensa”.
La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Estados Unidos.