Miami (25 de abril de 2013).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó preocupación ante lo que se percibe en Panamá como una señal de alerta para los medios de comunicación que denuncien posibles irregularidades en la gestión pública, luego que un juzgado ordenó enjuiciar a un equipo periodístico del periódico La Estrella por presuntos delitos contra el honor.
El juez XI del Circuito Penal, Alexis Ballesteros, dispuso el 15 de abril llamar a juicio a un equipo de periodistas de La Estrella por supuestos delitos contra el honor que tendrían su origen en una serie de reportajes publicados en el diario entre abril y mayo de 2011, sobre presuntas irregularidades en la concesión de un contrato del Estado a la empresa Naves Supply, S.A., para la recolección e incineración de los desechos en las instalaciones del Ministerio de Salud y de la Caja del Seguro Social. Aún no se ha determinado la fecha del juicio.
La querella fue presentada por Lourdes Castillo, accionista de Naves Supply, S.A. y recién nombrada miembro de la Autoridad del Canal de Panamá, contra el director, Gerardo Berroa; el jefe de Información, Alexis Charris; el editor, Carlos Atencio y el ex gerente general, Juan Luis Correa, por supuesto atentado contra su honor. Sin embargo, en los artículos no se mencionó a la empresaria, si no a la compañía.
En ese mismo sentido, los fiscales que investigaron el caso – explicó La Estrella- pidieron en distintas audiencias el sobreseimiento de la querella al considerar que los delitos contra el honor son aplicables a las personas naturales y no a las personas jurídicas, por lo que, en este caso, no existió delito.
“Somos respetuosos de las decisiones de la Justicia, sin embargo resulta incongruente que pese a que la Fiscalía solicitó desistir de la demanda, se ordene enjuiciar a los periodistas por informar en la prensa sobre posibles irregularidades en el manejo de asuntos de interés público”, expresó Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.
Paolillo, director del semanario uruguayo Búsqueda, agregó que “pareciera que, más que conocer si las investigaciones de las denuncias periodísticas son beneficiosas para corregir posibles anomalías, la intención subyacente es apaciguar a la prensa para que, por temor a represalias, ejerza un periodismo tibio y amañado. Eso es todo lo contrario a la libertad de prensa”.
En el informe sobre Panamá presentado durante la reunión semestral de la SIP en marzo pasado, se consignó que: “En el discurso de destacados miembros del gobierno no ha disminuido el nivel de confrontación con los medios y periodistas independientes, recibiendo ataques cuando realizan investigaciones periodísticas sobre casos de corrupción o el seguimiento informativo de actuaciones y/o decisiones de servidores públicos que no son explicadas con claridad suficiente en asuntos de evidente interés público”.
La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Estados Unidos.