MIAMI (Enero 15)-- Una delegación internacional de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que se destacó en Puerto Rico del 12 al 14 de enero, concluyó que el Gobierno de ese país lesiona la libertad de prensa al discriminar a los medios de comunicación en el otorgamiento de publicidad oficial y al limitar el libre acceso a la información oficial. Dicha misión fue dispuesta en virtud de denuncias realizadas a la SIP por hostigamiento a uno de sus miembros, El Nuevo Día, a través del retiro abrupto de la publicidad oficial y a la que se suma otro tipo de acciones generadas en el gobierno de Puerto Rico contra el diario e incluso contra otras actividades del grupo económico propietario del rotativo.
Después de tres días de entrevistas y reuniones, la delegación de la SIP, encabezada por Danilo Arbilla, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, semanario Búsqueda, Montevideo, Uruguay, arribó a las siguientes conclusiones:
1) Existe una percepción mayoritaria que vincula el corte abrupto de la publicidad oficial a El Nuevo Día a una política de represalia por parte de la Gobernación de Puerto Rico y que constituye un acto de abuso de poder y un comportamiento discriminatorio en el otorgamiento de la publicidad oficial y en la asignación de los recursos públicos proveniente de los contribuyentes. Este hecho es señalado, en lo que respecta a su valor intrínseco, con independencia de la política editorial informativa o empresarial de El Nuevo Día o el tipo de simpatías que el mismo despierta en la fuentes informantes.
2) Además de este castigo al diario El Nuevo Día, se informó que otros medios también han sido víctimas de medidas discriminatorias de este tipo y de otras presiones por parte de la actual y de las anteriores gobernaciones.
3) En las conversaciones surgió que el propio Señor Gobernador entiende que puede manejar los recursos públicos para contratar la publicidad con la misma libertad con la que lo hace cualquier empresa privada cuando elabora sus pautas publicitarias. Este punto entra, sin duda, en colisión con lo que entiende la SIP y está claramente establecido en la Declaración de Chapultepec; esto es, que no pueden utilizarse medidas de tipo administrativo, arancelarias, cambiarias, etc... ni tampoco aplicarse políticas discriminatorias o arbitrarias en materia de otorgamiento de publicidad oficial para castigar o premiar a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas o editoriales.
Los gobernantes están obligados a ser muy estrictos y transparentes en el manejo de los recursos de los contribuyentes y no puede manejarlos en función de sus simpatías, afinidades o antipatías de tipo personal, política, o de cualquier otra índole.
4) También se recibieron denuncias sobre presiones a periodistas que afectan el desarrollo normal de sus actividades, ya sea por ser hostigados o cerrárseles o dificultárseles el libre acceso a la información.
Fueron mucho los testimonios a distintos niveles que ratificaron estas informaciones. Incluso se denunció "que las ruedas de prensa del Sr. Gobernador, se realizan, a veces en un ambiente de tensión, rodeado de seguidores con actitudes desafiantes o irrespetuosas, y en las cuales se ha ridiculizado a periodistas o se ignoran o tergiversan sus preguntas".
La delegación arribó a esas conclusiones luego de cumplir con una intensa agenda en las últimas 72 horas en San Juan, durante las cuales mantuvo 17 reuniones-entrevistas, recibió numerosos informes escritos y mantuvo conversaciones con periodistas y con funcionarios. La delegación se entrevistó con el gobernador, Pedro Rosselló; con la alcaldesa de San Juan, Sila M. Calderón; con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, José Andreu García, así como con legisladores y dirigentes de todos los partidos políticos.
Se mantuvieron también entrevistas con asociaciones representativas de periodistas, con dirigentes de los principales medios de comunicación escrita y con representantes del sector publicitario, del Colegio de Abogados y del ámbito académico.
Además de Arbilla, integraron la delegación Tony Pederson, vicepresidente segundo de la SIP y vicepresidente del Houston Chronicle, Texas; Robert Hardie, presidente de Appeal-Democrat, California; José Claudio Escribano, subdirector de La Nación, Buenos Aires, Argentina; Alberto Ibargüen, editor de El Nuevo Herald, Miami, Florida y Ricardo Trotti, subdirector ejecutivo de la SIP.