EL SALVADOR

Las condiciones para la libertad del ejercicio periodístico han mejorado desde que Elías Antonio Saca, empresario radial y ex presidente de la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR), asumió como presidente de la nación. Desde el 1 de junio, los periodistas logran acceder a la Casa Presidencial y al primer mandatario con suma facilidad. Una nueva Secretaría de Comunicaciones desempeña un papel fundamental en la actual administración. En este período se registró un aumento de presión contra diferentes periodistas de La Prensa Gráfica, de parte de diferentes instituciones de justicia. Investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC), agentes de la Fiscalía General de la República, abogados defensores y los jueces han realizado citatorios para juicios, audiencias extraoficiales o declaraciones como testigos a los comunicadores sin ser estos testigos de vistas ni oídas de delito alguno. Unos 10 periodistas fueron citados ante la justicia para revelar la identidad de las fuentes. En septiembre, un periodista del área judicial de La Prensa Gráfica fue citado para declarar en el proceso público contra una peligrosa banda de secuestradores y asaltantes, conocida como la banda Tacoma Cabrera, cuyo líder ha sido condenado a más de 200 años de prisión. El juez Primero de Sentencia de San Salvador, Saúl Ernesto Morales, emitió además un citatorio amenazando al periodista con arresto y proceso penal en caso de que no se presentara a declarar. El juez nunca quiso explicar las razones del citatorio, pese a reiteradas peticiones de los medios de comunicación. El periodista debió responder al citatorio y debió declarar frente a los miembros de la banda sin protección alguna. Se mantiene la amenaza de agresión de parte de los dirigentes del partido de extrema izquierda FMLN, quienes durante la reciente campaña para elecciones presidenciales, insultaron a periodistas que cubrían sus mítines. El secretario general del partido FMLN Shafick Jorge Handal, demandó al periodista Moisés Urbina, de TCS, quien había informado sobre resultados de una encuesta negativa para el Handal. Otro hecho positivo fue que se desvirtuaron las acusaciones por calumnia y difamación que constituyó el retiro de la demanda judicial contra el director de El Diario de Hoy y sus dos principales editores. La demanda fue interpuesta por una empresa canadiense vinculada en documentos del Ministerio de Justicia de ese país, con grupos de mafia, que en asocio con alcaldías del FMLN, manejan una planta de tratamiento de desechos sólidos en la capital. Un tribunal sobreseyó a los comunicadores en abril pasado. Varias alcaldías del FMLN también establecieron cobros ilegales contra radioemisoras privadas. Estas alcaldías disfrazaron como tasas esos cobros ilegales, a pesar de que únicamente pueden nacer como potestad de la Asamblea Legislativa. En este caso, las alcaldías no prestaron ningún servicio público y gravaron el funcionamiento de las torres de las radios en terrenos privados. Algunos partidos políticos intentan reformar la ley de imprenta, una normativa que permite a los periódicos sostener precios bajos para los lectores mediante la exención de algunos impuestos sobre la materia prima. Estos son partidos de oposición que han querido utilizar estos intentos de reforma como presión a los periódicos.