PANAMA

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Desde la última reunión, los hechos más importantes relacionados con la libertad de expresión y el derecho a la información pública son los siguientes: Tras muchos meses de insistencia por parte de Transparencia Internacional (Panamá), la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana y otros grupos cívicos lograron armonizar los diversos proyectos de ley pendientes de la Asamblea Legislativa sobre el libre acceso a la información pública, y por decisión de los legisladores de gobierno y oposición, se convirtió en Ley de la República, sancionada por la presidenta Mireya Moscoso el 22 de enero de 2002. Así lo informamos a la SIP, que sabiamente recibió la noticia con “cauteloso optimismo”. Tenía mucha razón. Poco después el gobierno, con el pretexto de reglamentar la nueva ley, la emasculó, quitándole todo cuanto podía ser de utilidad para los periodistas y simples ciudadanos. La ley fue una burla más a los medios de comunicación del país y a los organismos que participaron en los esfuerzos para que fuera aprobada, sancionada y aplicada. En marzo se presentó ante la Asamblea Legislativa un proyecto de ley de prensa que era un claro retroceso en relación con la legislación vigente, de por sí bastante restrictiva. Allí se establecía, entre otras aberraciones, el sistema de licencias gubernamentales para ejercer el periodismo. Lamentablemente, los legisladores descartaron los argumentos en contra del proyecto de ley, y terminaron aprobándolo por unanimidad. Tanta fue la oposición a ese proyecto, que la presidenta de la República terminó vetándolo. También fue propuesto un proyecto de ley que estableció una especie de censura previa contra cierto material sensacionalista y de crónica roja de algunos tabloides locales. El proyecto se retiró antes de ser discutido, porque los medios afectados se comprometieron a un sistema de autorregulación que impediría su publicación. Lamentablemente, el sistema no ha funcionado, razón por la cual es posible que el proyecto sea presentado nuevamente. Ante la Corte Suprema de Justicia se encuentran pendientes diversos recursos de ilegalidad e inconstitucionalidad contra el decreto reglamentario de la Ley de Transparencia, pero hasta ahora no ha habido ninguna decisión al respecto. También se han interpuesto distintos recursos de habeas data contra autoridades que se niegan a proporcionar información que debería ser de libre acceso. Algunos han sido negados, con el salvamento de voto de varios magistrados, indicativo de que no todo está perdido. El 29 se septiembre la embajadora de Estados Unidos en Panamá, Linda Watt, en una controvertida intervención ante la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, reclamó al gobierno que éste no hubiese derogado las llamadas leyes mordaza, así denominadas porque fueron normas hechas por la dictadura para eliminar la libertad de prensa y permitir severas sanciones a los medios, incluido el cierre definitivo éstos. El 14 de abril de 2003, algunos periodistas y un fotógrafo de La Prensa fueron retenidos por agentes del Servicio de Protección Institucional, aduciendo que se había introducido en la residencia de la presidenta de la República, ubicada en Punta Mala, lo que —según las autoridades— constituía un delito contra la libertad. Con mejor criterio jurídico, el personero municipal a cargo del caso, indicó que no se trataba de delito alguno, sino de una falta administrativa y, por tanto, decretó un sobreseimiento definitivo a favor de molos periodistas y el fotógrafo.

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