Impunidad - México

CONSIDERANDO que en julio de 1991 fue asesinado el periodista Víctor Manuel Oropeza y que desde entonces ninguna persona ha sido sentenciada por el crimen CONSIDERANDO que en febrero de este año en una reunión de trabajo con representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua y de la SIP se analizó el expediente judicial del caso, revisión que mostró que las autoridades no investigaron a fondo el crimen, se perdieron evidencias, desconociéndose si esto último fue de forma dolosa o no CONSIDERANDO que los integrantes del Grupo de Trabajo continuarán el próximo 17 y 18 de marzo la revisión conjunta del expediente de Héctor Félix Miranda, asesinado el 20 de abril de 1988, y cuya primera reunión se llevó a cabo el 13 y 14 de mayo de 2004 CONSIDERANDO que el 15 de julio de 1997 fue asesinado Benjamín Flores González, director de La Prensa de San Luis Río Colorado (Sonora) debido a información que publicaba el diario contra narcotraficantes y funcionarios corruptos; y que fueron detenidas y sentenciadas cuatro personas, de las cuales dos posteriormente fueron absueltas por falta de pruebas, entre ellas el principal sospechoso, Luis Enrique Rincón Muro (quien salió libre en julio de 2004) CONSIDERANDO que sólo quedan en prisión Vidal Zamora Lara y Jorge Pacheco Reyes, y que desde hace más de siete años han faltado por ejecutarse cuatro órdenes de aprehensión, además de que las autoridades de Sonora no reportan nuevas investigaciones CONSIDERANDO que las dos personas declaradas culpables del asesinato del periodista Philip True, corresponsal del San Antonio Express-News en México, ocurrido en 1998, permanecen prófugas, a pesar de que en junio de 2002 el Poder Judicial de Jalisco emitió orden de reaprehensión en su contra y que en los últimos meses perdieron el juicio de amparo que interpusieron los acusados y que los protegía CONSIDERANDO que el periodista Francisco Ortiz Franco fue asesinado el 22 de junio de 2004, caso en el que la Procuraduría General de Justicia de Baja California cedió competencia a favor de la Procuraduría General de la República y que hasta la fecha no han concluido las investigaciones, no se ha informado sobre su avance y los involucrados permanecen prófugos CONSIDERANDO que el 31 de agosto del 2004 en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, fue asesinado el periodista Francisco Arratia Saldierna y que el 24 de septiembre de ese mismo año Raúl Castelán Cruz, integrante del cártel del Golfo y uno de los presuntos cómplices de los asesinos fue sometido a proceso penal ante un juez por su participación en el crimen CONSIDERANDO que el detenido confesó que el motivo fue la publicación de notas periodísticas; y que hasta ahora no se ha ampliado la información sobre el crimen ni tampoco han sido detenidas más personas, por lo que siguen prófugos los asesinos CONSIDERANDO que en septiembre de 2004, la Procuraduría General de la República sólo recibió bajo su jurisdicción las investigaciones en cuanto a los delitos federales presuntamente cometidos por Raúl Castelán Cruz, y no así las investigaciones sobre el crimen del periodista Francisco Arratia Saldierna que quedaron a cargo de la Procuraduría de Justicia de Tamaulipas CONSIDERANDO que el 28 de noviembre de 2004 en el municipio de Escuinapa, Sinaloa, fue asesinado Gregorio Rodríguez Hernández, reportero gráfico del diario El Debate de Mazatlán, y que hasta ahora han sido detenidas dos personas, uno acusado de ser el autor material y el otro de ser su cómplice, aunque todavía falta someter a juicio al que se considera el supuesto autor intelectual, Antonio Fraustro Ocampo, señalado como supuesto narcotraficante de la región CONSIDERANDO que durante 2004 se incrementaron las amenazas y presiones contra periodistas, principalmente los que laboran en los estados de la zona norte de México: Tamaulipas, Sinaloa, Sonora y Baja California, casos en los que sujetos armados hicieron amenazas a los periodistas en las afueras de sus oficinas o domicilios o incluso incendiaron sus automóviles, destacándose que ninguno de estos hechos ha sido aclarado por las autoridades CONSIDERANDO que el 22 de mayo de 2004 fue secuestrado el periodista Leodegario Aguilera Lucas en Acapulco, Guerrero, y cuatro meses después la Procuraduría General de Justicia de ese estado informó de que había encontrado su cuerpo calcinado, a pesar de no contar con ninguna prueba pericial que lo pudiera corroborar; que las autoridades de Guerrero han insistido en la versión de que la muerte de Leodegario Aguilera Lucas se debió a un problema por la propiedad de un terreno y descartaron desde un inicio la posibilidad de que hubiera desaparecido como resultado de su oficio periodístico así como las hipótesis de narcotráfico o de corrupción por parte del gobierno del estado, las cuales han sido denunciadas por la familia del periodista como las posibles razones del secuestro, y que hasta ahora no se han presentado conclusiones claras CONSIDERANDO que el director editorial de El Mañana de Nuevo Laredo, Roberto Javier Mora García, fue asesinado el 19 de marzo de 2004 y que las autoridades policíacas atribuyeron el móvil a una cuestión pasional, que uno de los dos señalados como responsables fue eliminado en la cárcel y que las investigaciones se han estancado CONSIDERANDO que el principio 4 de la Declaración de Chapultepec establece: “El asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa. Estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad” LA REUNIÓN DE MEDIO AÑO DE LA SIP RESUELVE exhortar al gobierno federal y a la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua para que cumplan con el convenio firmado el 19 de febrero de 2005 en Ciudad Juárez, sobre el crimen de Víctor Manuel Oropeza, documento con el que se da una primera respuesta a la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el acuerdo que se comprometen, entre otras cosas, a reactivar las investigaciones y determinar si las autoridades que tuvieron a su cargo las primeras indagatorias actuaron dolosamente o no dar seguimiento a las actividades del Grupo de Trabajo para la revisión y lectura del expediente del caso Héctor Félix Miranda. solicitar al gobierno federal que realice los trámites necesarios para que la Procuraduría General de la República entregue copia del expediente correspondiente al homicidio de Víctor Manuel Oropeza a la Procuraduría de Justicia de Chihuahua, para que ésta cuente con todas las actuaciones sobre el caso solicitar a la Procuraduría General de Justicia de Sonora que revise el expediente sobre el homicidio del periodista Benjamín Flores González, director de La Prensa de San Luis Río Colorado, ante las absoluciones de quienes se supone eran los principales responsables del crimen y exhortar también a la institución que sean ejecutadas las cuatro órdenes de aprehensión que desde hace más de siete años quedan pendientes exhortar al gobierno de México para que las autoridades correspondientes cumplan las órdenes de reaprehensión contra los dos responsables del homicidio del periodista Philip True exhortar a la Procuraduría General de la República para que detenga y someta a proceso penal a los responsables del homicidio del periodista Francisco Ortiz Franco, e informe sobre los resultados de las investigaciones solicitar a la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas que continúe con las investigaciones del homicidio de Francisco Arratia Saldierna para que sean detenidos todos los responsables pedir a la Procuraduría General de Justicia de Sinaloa que concluya las investigaciones iniciadas por el crimen del reportero gráfico Gregorio Rodríguez Hernández para que sean arrestados todos los involucrados exhortar a las autoridades de Sinaloa, Sonora, Baja California y Tamaulipas a que indaguen a profundidad las amenazas y atentados que han sufrido los distintos periodistas en esos estados y así determinar si fueron producto de su oficio solicitar a la Procuraduría General de Justicia de Guerrero que concluya las investigaciones sobre la desaparición del periodista Leodegario Aguilera Lucas y se determine si las razones se originaron en su trabajo profesional pedir a la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas que profundice en las investigaciones sobre el homicidio del director editorial de El Mañana de Nuevo Laredo, Roberto Javier Mora García, y se determine si su muerte fue producto de su trabajo en el diario insistir con el gobierno federal para que promueva los consensos necesarios para reformar los códigos Penal Federal y el de Procedimientos Penales Federales y demás normas que permitan que los delitos cometidos contra periodistas, cuando sean provocados por el ejercicio de su profesión, sean investigados por la Procuraduría General de la República.