Venezuela

VENEZUELA CONSIDERANDO * que en Venezuela se ha venido agravando la amenaza a los medios de comunicación social y al libre ejercicio del periodismo por parte del gobiemo del Presidente Carlos Andrés Pérez, en flagrante violación de las nommas constitucionales y legales que garantizan la libertad de expresión * que el gobiemo venezolano pretende hacer aparecer a los medios de comunicación como responsables de las acciones de violencia que se han desatado en el país, con la intención de intimidarlos para que se inhiban de denunciar actos de corrupción * que estas acciones gubernamentales se han visto reforzadas por decisiones del Poder Legislativo como la aprobación de una Ley sobre Espionaje Telefónico que si bien tiene el propósito de sancionar la grabación ilegal de conversaciones privadas, contiene normas que limitan el libre ejercicio del periodismo al establecer penas para los periodistas que divulguen el contenido de las mismas * que está en discusión por parte del Congreso un proyecto de refomma constitucional que en sus artículos 25 y 26 limita y restringe la liberad de expresión y el libre ejercicio del periodismo * que el Presidente de la República de Venezuela, como Comandante en Jefe de las fuerzas Armadas Nacionales, ha apelado a la utilización de tribunales militares para iniciar procesos contra periódicos y periodistas. en flagrante violación de normas constitucionales que establecen que los civiles sólo podrán ser juzgados por sus jueces naturales LA XLVIII ASAMBLEA GENERAL DE LA SIP RESUELVE * exigir al gobiemo del Presidente Carlos Andrés Pérez que cese la persecución y el hostigamiento contra los medios de comunicación y los periodistas y respete las garantias que sobre el derecho a la información y la libre expresión del pensamiento establecen la Constitución y otras leyes de la República de Venezuela * reclamar del gobiemo venezolano que salvaguarde la vida y los bienes de los ciudadanos, en especial de los profesionales de la comunicación social, resguardando el estado de derecho reclamar del Poder Legislativo la derogación de aquellas normas legales que en la práctica lim~an la tarea investigativa de los medios de comunicación y coartan el derecho de la población a estar informada, y solicitar que se eliminen del proyecto de reforma constitucional aquellas disposiciones lesivas a la libertad de prensa y de expresión del pensamiento.