CANADÁ

En los últimos meses se han presentado avances y retrocesos en las libertades de prensa y de expresión. En el lado positivo, la jueza Lynn Ratushny, de la Corte Superior de Ontario, emitió un dictamen definitivo el pasado mes de octubre mediante el cual dejó sin efecto la ley de confidencialidad a la que se invocó para justificar el allanamiento de la vivienda de la periodista Juliet O’Neill en Ottawa perpetrado por la Real Policía Montada de Canadá en el 2004. La jueza sostuvo que el uso de ciertas secciones de la ley de Seguridad de la Información carecía de validez porque éstas eran demasiado generales, vagas y propensas a ser mal utilizadas, a la vez que violaban el derecho la libertad de prensa de la reportera. En su dictamen, la jueza estableció que las órdenes emitidas para allanar el domicilio de O’Neill constituían un acto de “intimidación a la prensa y una violación del derecho constitucional a la libertad de prensa”. Al parecer, el allanamiento de la vivienda de O’Neill, perpetrado el 21 de enero del 2004, fue en respuesta a un artículo que ella había escrito y fue un intento por identificar la fuente policial que le había filtrado la información. Otro factor alentador para los periodistas canadienses fue el hecho que la organización Reporteros sin Fronteras calificó a Canadá en una posición elevada -16º lugar- en su último Índice Mundial de Libertad de Prensa y que en la última encuesta anual sobre libertad de prensa realizada por Freedom House también se resaltó la tradición canadiense de gozar de una amplia libertad de prensa, colocándolo entre los 25 países que gozan de mayor libertad de prensa. También se alabó el hecho que Canadá está asumiendo un rol preponderante dentro de la Comunidad Británica de Naciones a favor de una mayor libertad de prensa y de la creación de un foro donde se discutan casos relativos a la libertad de prensa. Sin embargo, Freedom House planteó una nota de advertencia. Informó que “la Ley Canadiense de Acceso a la Información, que en algún momento fue emblemática de la manera en que se podía ratificar la libertad de prensa a través de la ley, ahora se ve limitada por tanta burocracia y leyes anti terroristas, por lo cual los periodistas han acusado al gobierno de violar descaradamente la libertad de prensa”. Además, dicha ONG internacional consideró que el grado de concentración de medios y de influencia de los grandes conglomerados de medios “continúa limitando el pluralismo entre los medios” en Canadá. Mientras tanto, la libertad del Internet se vio sometida a escrutinio cuando una corte canadiense aceptó ventilar un caso de difamación interpuesto contra el diario norteamericano The Washington Post por un ex funcionario de Naciones Unidas, Cheickh Bangoura, por un reportaje publicado en Internet en el que se le acusaba de malos manejos cuando trabajaba para NN.UU. en Kenya. En otro hecho adverso, Fabrice de Pierrebourg, reportero de Le Journal de Montreal, informó sobre lo que él consideraba una falla en la seguridad del Aeropuerto Pierre Trudeau Airport de Montreal, donde dijo que pudo desplazarse por todas partes sin problemas. La autoridad aeroportuaria, Transport Canada, indicó que investigaría el hecho y le advirtió a De Pierrebourg que si se le acusaba y hallaba culpable de haber violado la seguridad en la realización de su reportaje, podría enfrentar una multa de 5,000 dólares canadienses por cada infracción. La CJFE protestó por lo que llamó un ataque aparentemente dirigido al reportero. “Se debe felicitar y no castigar a De Pierrebourg por ayudar a exponer las debilidades del sistema”, declaró la organización defensora de la libertad de prensa. Se reportaron otros tres incidentes recientes relacionados con la libertad de expresión. La Corte de Justicia de Ontario ordenó al periodista Derek Finkle entregar documentos que utilizó para escribir su libro “No Claim to Mercy” sobre un asesinato cometido en 1990. La organización PEN Canadá protestó por dicha orden, argumentando que ésta podría comprometer la identidad de las fuentes confidenciales del periodista. El pasado mes de enero, la Corte Suprema de Canadá ratificó un dictamen de la Corte de Apelaciones de Columbia Británica en el que se denegaba la entrega de fondos para financiar una querella interpuesta por la librería The Little Sisters, que atiende a clientes homosexuales, bisexuales, transgénero y lesbianas, contra el Servicio de Aduanas de Canadá luego de que éste confiscara un material importado por la referida tienda. PEN Canadá declaró que “la censura y la restricción de la libertad de expresión en un país libre y democrático es siempre un tema que concita el interés nacional”, por lo que se debería contar con fondos públicos para financiar la batalla legal. También en el mes de enero, la Junta de Colegios Católicos Dufferin-Peel, del Distrito de Mississagua, ordenó a las escuelas de secundaria de dicho distrito a retirar de sus bibliotecas y de sus listas de lectura de sus clases de inglés la novela con récord de ventas “Snow Falling on Cedars”, de David Guterson, a raíz de que un padre de familia se quejara por el lenguaje sexual explícito utilizado en la obra. El Presidente de Asuntos Nacionales de PEN Canadá, Christopher Waddell, calificó dicha acción como “equivalente a la censura”.