ESTADOS UNIDOS

A pesar del intenso cabildeo realizado por los defensores de la libertad de prensa y algunos prominentes legisladores, Estados Unidos aún no promulga una ley escudo federal. Los reporteros todavía enfrentan la posibilidad en los casos federales de ir a la cárcel por rehusarse a identificar sus fuentes confidenciales. Si bien son 31 los estados que cuentan con leyes escudo y cuatro con un grado limitado de protección para los periodistas, 17 estados de la Unión no cuentan con ninguna forma de ley escudo. Hay varios proyectos de ley que se vienen arrastrando de períodos anteriores y que están aún pendientes en el nuevo Congreso para promulgar una ley escudo federal que ofrezca privilegios calificados a los reporteros. Varios proyectos de ley similares han quedado encarpetados en el Congreso durante varios años sin haber sido votados. La promulgación de una ley escudo federal es una de las más altas prioridades de la Asociación de Diarios de Estados Unidos y de la Sociedad Americana de Directores de Diarios, pero las posibilidades de que ésta se de están en duda. Un caso reciente es el del papel preponderante que jugó el testimonio forzado de unos reporteros en el juicio del ex jefe del gabinete de asesores del vicepresidente Cheney. La cooperación que los reporteros brindaron al fiscal, aún después de que sus fuentes los autorizaran a atestiguar, suscitó inquietantes interrogantes sobre la futura relación de los reporteros con sus fuentes confidenciales y la posibilidad de que fiscales federales agresivos los amenacen con penas de cárcel si es que éstos se niegan a cooperar. Una ex reportera del New York Times pasó 85 días en prisión por hacer su trabajo y negarse a divulgar su fuente. Finalmente atestiguó, después de recibir las garantías de que su fuente le había concedido el permiso para hacerlo. A la luz de toda la publicidad alrededor de este caso, queda la interrogante de si en el futuro las fuentes confidenciales estarán dispuestas a revelar a los reporteros información acerca de actividades cuestionables del gobierno federal, que el público tiene derecho a saber. En enero, el representante John Conyers (D-MI), presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, dio un discurso ante la Sociedad Americana de Directores de Diarios, en Washington, DC, en el que manifestó que apoyaba la promulgación de una ley escudo federal. Sus comentarios los hizo poco antes de que un juez federal cancelara un dictamen de desacato a la corte contra Mark Fainaru-Wada y Lance Williams, periodistas del San Francisco Chronicle, por negarse a revelar los nombres de sus fuentes en una investigación sobre el uso de esteroides en el béisbol. Los reporteros fueron declarados culpables de desacato en el 2005 y tuvieron que enfrentar 18 meses de prisión por rehusarse a atestiguar ante un gran jurado. El caso del Chronicle había suscitado preocupación por los recientes intentos del gobierno federal que mellan la Primera Enmienda al hacer uso de sus poderes para confiscar las agendas telefónicas de los reporteros y amenazar con pena de prisión a todos aquéllos que se nieguen a identificar sus fuentes. Una serie de otros casos recientes también han servido para revivir los pedidos de aprobación de una ley de escudo federal. Uno de ellos fue el caso del blogger y videoasta Joshua Wolf, quien fue a prisión por desacato a la corte al haberse rehusado a entregar al gran jurado un video grabado el 8 de julio del 2005 sobre un choque entre la policía y un grupo de manifestantes en San Francisco, en el que resultó dañado un carro de la policía. Wolf fue encarcelado el 1 de agosto del año pasado, liberado al mes, pero volvió a prisión poco después al perder su apelación. Ahora permanece en prisión más tiempo que cualquier otro periodista en la historia de los Estados Unidos por desacatar una orden de comparecencia relacionada con su trabajo. Por otro lado, The Associated Press informó de que 11 internos de la Base Naval de EE.UU. en Guantánamo permanecían en huelga de hambre desde el 22 de febrero. Entre ellos se encontraba un camarógrafo de Al-Jazeera detenido sin cargos por casi cinco años y que entró en huelga de hambre en enero, por lo cual existen temores por su estado de salud. Esto fue lo que informó Al-Jazeera en su página web en idioma árabe. El camarógrafo, Sami-al-Haj, de 38 años, fue detenido en diciembre del 2001 por las fuerzas pakistaníes en la frontera entre Afganistán y Pakistán mientras estaba cubriendo la ofensiva dirigida por EE.UU. contra los talibanes. Fue transferido a Guantánamo por el ejército norteamericano en junio del 2002, acusado de trabajar como correo financiero para los grupos armados y de ayudar a Al-Queda y otros extremistas, cargos que él niega. A principios del presente mes, el Pentágono reiteró su política de denegar solicitudes de los medios para cubrir las audiencias militares de 14 sospechosos de terrorismo, presos en la Bahía de Guantánamo. En una carta dirigida a oficiales del Pentágono, la Associated Press (AP) expresó que tal decisión es violatoria de las propias normas del Departamento de Defensa. AP aceptó que ciertas partes de las audiencias podrían tener que ser ventiladas confidencialmente, pero que sería un error realizarlas totalmente a puerta cerrada. Nada de lo que se trate en las audiencias se hará de conocimiento público hasta que el gobierno lo decida y se distribuyan transcripciones parciales de las mismas. No se ha prohibido la cobertura noticiosa de los procesos de revisión del estado de los ex combatientes, pero sí se han impuesto restricciones al acceso a cierta información. Soldados del ejército borraron fotos tomadas por Rahmat Gul, un fotógrafo independiente que trabajaba para The Associated Press y videos grabados por un camarógrafo no identificado de APTN, sobre un ataque suicida ocurrido en marzo, en el cual los soldados norteamericanos mataron a varios civiles afganos. Posteriormente, el ejército manifestó que luego de la explosión del coche bomba, sus tropas habían estado bajo fuego. Los grupos mediáticos norteamericanos siguen preocupados por la creciente práctica de etiquetar documentos públicos como secretos o clasificados. Funcionarios del gobierno que cooperan con la prensa están siendo investigados. Las agrupaciones de medios están presionando a favor de una legislación que fortalezca la Ley Federal de Libertad de Información. La semana pasada se celebró la “Sunshine Week”, una campaña anual organizada por los medios norteamericanos a nivel nacional que contó con la participación de 500 diarios y sitios web de diarios para centrar la atención en la importancia de tener leyes que favorezcan el acceso a la información. Las agrupaciones de medios están buscando más rendición de cuentas y penalidades para las agencias que no faciliten documentos públicos en forma oportuna. Por ejemplo, siete agencias federales se han pasado más de diez años sin responder a solicitudes de información conforme a ley. Esta semana, la Cámara de Representantes aprobó, con el sólido apoyo de ambos partidos políticos, proyectos de ley para que el Presidente y el Poder Ejecutivo sean más abiertos en su manera de informar sobre sus acciones. La legislación protegería a los funcionarios del gobierno que alerten a la prensa sobre irregularidades y exigiría a los donantes de las bibliotecas presidenciales a identificarse. Asimismo, otros registros presidenciales podrían estar sujetos a escrutinio público. Sin embargo, la administración de Bush ha dicho que vetará la ley si el Congreso la aprueba.