VENEZUELA

La situación de la libertad de expresión y de prensa, como de las seguridades jurídicas que reclaman su ejercicio y protección, no pueden sustraerse de su complejo y muy crítico cuadro institucional y político. Desde que se aprobó la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en 1999 que estableció la llamada información veraz y el derecho de réplica, se han registrado violaciones sistemáticas de la libertad de expresión y de prensa por actos del Estado. No han sido pocos los perjuicios sufridos desde entonces por los distintos medios de comunicación social privados, sus editores y los periodistas, que han incluido atentados al derecho a la vida, la integridad personal y el trabajo. En doce oportunidades se ha pronunciado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en cuatro oportunidades lo ha hecho la Corte Interamericana desde el año 2001, adoptando medidas cautelares y provisionales para proteger los derechos de más de diecinueve comunicadores y diez (10) medios de comunicación social. El Gobierno, sin embargo, ha hecho caso omiso de las mismas. Y con apoyo del Tribunal Supremo de Justicia ha sostenido que las medidas adoptadas por el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos en beneficio de la prensa no son vinculantes. La propia Sala Constitucional del Alto Tribunal venezolano, en Sentencia 1.042 del 18 de diciembre de 2003 y luego de declarar como válidas las “leyes de desacato” para el castigo penal de los periodistas quienes ofendan con sus escritos a los titulares o miembros de los poderes públicos, declaró que: “Si un organismo internacional, aceptado legalmente por la República, amparara a alguien violando derechos humanos de grupos o personas dentro del país, tal decisión tendría que ser rechazada aunque emane de organismos internacionales protectores de derechos humanos”. Luego, la sentencia en cuestión ajustó lo siguiente: “Que las recomendaciones de los organismos internacionales, en particular la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (…) no son de obligatorio cumplimiento (…)”. “Que la libertad de expresión no es un derecho absoluto de los seres humanos (…)”. El pasado 15 de agosto se realizó el referéndum revocatorio del mandato presidencial del Teniente Coronel (Ejército) Hugo Chávez Frías, resultando éste victorioso de acuerdo con las cifras ofrecidas por el Consejo Nacional Electoral, que abiertamente controlan sus seguidores. César Gaviria, quien ha concluido recién su mandato como Secretario General de la OEA, ha dicho que al Gobierno de Chávez le asiste en lo adelante el derecho de avanzar en su proyecto político, pero con apego a los principios de la Carta Democrática Interamericana; de donde le recomienda, por cierto y textualmente, “pensar dos veces en los riesgos que entraña el aumento de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia”, iniciativa aprobada por el Gobierno y sus Diputados en la Asamblea Nacional, para controlar políticamente y de un modo definitivo al Poder Judicial. No omite el Secretario de la OEA una afirmación final que comparte con el ex presidente Jimmy Carter: “el Gobierno ha ido consolidando su control de todos los poderes públicos”; para antes prevenirnos acerca de lo que más nos angustia: Dentro de este marco, el Gobierno ha anunciado que finalmente será aprobada la llamada Ley de Contenidos o Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión, inspirada en los predicados de la conocida Sentencia 1.013 de la Sala Constitucional con lo que se pretende el control estatal de los señalados medios de comunicación. El Ministro de Comunicación e Información instaló una Mesa Técnica para promover ese instrumento legislativo que contiene preceptos antidemocráticos. a) En contravención a lo dispuesto por la Constitución, la ley será aprobada como ley ordinaria y no como ley orgánica: que requeriría, como toda legislación sobre derechos humanos, de su aprobación por una mayoría calificada del parlamento. b) La misma consagra la censura previa y le otorga al Gobierno la potestad para suspender, sin mediación judicial, las programaciones de radio y de televisión cuando considere que puedan atentar contra el orden público o la seguridad nacional y hasta tanto sean definitivamente decididas las controversias al respecto. c) Queda prohibida, entre las 5 de la mañana y las 11 de la noche, toda programación o noticiero que contenga formas de violencia moderada: por ejemplo, la caída de las torres gemelas de Nueva York o cualquier confrontación callejera entre la policía y manifestantes políticos. d) No podrá transmitirse ningún comercial producido en el extranjero. e) No podrán transmitirse informaciones contrarias a la información veraz e imparcial. f) Han de transmitirse, obligatoriamente, programas educativos, supervisados por el Estado. g) El 60 por ciento de la programación ha de ser nacional y un 60 por ciento de ésta debe ser realizada por los productores independientes que autorice previamente el Gobierno. h) Cada medio de comunicación y sus directivos serán solidariamente responsables de las expresiones de cualquier persona que sea presentada en programas en vivo. i) Finalmente, entre otras restricciones, el Gobierno podrá disponer a su arbitrio y en los horarios que libremente disponga, de 70 minutos semanales para sus propias transmisiones a través de las emisoras del país. Otros hechos puntuales que han afectado la libertad de prensa. El Ministro de la Defensa, General en Jefe (Ejército) Jorge Luis García Carneiro, acusó a los medios venezolanos de enemigos del Gobierno y de sostener movimientos armados paramilitares: situación que hubo de rechazar abiertamente el Bloque de Prensa Venezolano. La diputada oficialista Iris Varela propuso quitar la nacionalidad a periodistas de origen extranjero enemigos del régimen. Y el canciller de la República, Jesús Pérez, acusó a los periodistas de sembrar odio y cizaña. En tanto que el presidente del Consejo Nacional Electoral amenazó a los medios con cerrarlos si vulneraban las reglas de la campaña electoral reciente. El caso del diario El Universal, atacado una vez más por el jefe del Estado, revela el desprecio profundo que siente el régimen por la libertad de expresión. El 26 de septiembre último, en su programa semanal de radio y televisión “Aló Presidente”, Chávez de nuevo agredió al editor Andrés Mata y a su periódico, ya que, según aquél, éste “no tiene patria... y le hace el juego a los intereses transnacionales que ya quisieran adueñarse de Venezuela”. Y todo ello a raíz de la publicación que realizara dicho diario, junto a unas declaraciones en las que el rector electoral oficialista Jorge Rodríguez anuncia que enviará a la cárcel a quien hable de fraude electoral, de otras declaraciones dadas por el reconocido jurista venezolano Tulio Álvarez, dando cuenta de un cúmulo de denuncias y de probanzas que pondrían en tela de juicio los resultados electorales del referéndum revocatorio presidencial del 15 de agosto último. Frente a las cámaras, el jefe de Estado ordenó a sus colaboradores le acercaran un depósito de basura, donde lanzó un ejemplar del periódico, vociferando que lo enviaba “al basurero de la historia” junto con el “señor Mata” y “todo lo que... representa”. El ejercicio del terrorismo judicial, por otra parte, se ha incrementado dada la ausencia de la autonomía de los jueces y sus conocidas ataduras con el Gobierno, como ha sido reseñado reiteradamente tanto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como por la Secretaría de la OEA, y también por virtud del respaldo que a los ataques y restricciones a la libertad de expresión les dieran las Sentencias 1.013 y 1.942 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Son emblemáticos, en este orden los casos judiciales entablados por el Coronel (Ejército) Ángel Alberto Vellorí contra la periodista Ibéyise Pacheco, quien fuera condenada a nueve meses de prisión por ejercer su labor informativa; por el diputado oficialista Juan Barreto contra el periodista Miguel Ángel Rodríguez, de Radio Caracas Televisión; por el presidente de la televisora estatal Wladimir Villegas contra el periodista Nelson Bocaranda; por la Fuerza Armada contra la periodista Patricia Poleo, acusándola de ultraje a la institución. También se registró el juicio reciente, por los tribunales militares, del general de Brigada Francisco Usón, oficial retirado del Ejército y quien fuera ministro de Finanzas del Gobierno de Chávez, por haber expresado una opinión técnica en un programa de televisión conducido por la periodista Marta Colomina, acerca del uso del lanzallamas. Se debatía públicamente una hipótesis, en efecto, sobre la muerte por aplicación de tal arma contra varios soldados detenidos en una celda disciplinaria de Fuerte Mara, en la ciudad de Maracaibo. Usón, quien ya no era militar activo el momento de su opinión, fue condenado a 6 años de prisión por ultraje a la Fuerza Armada. Otras agresiones registradas: Durante la jornada de reparos a las firmas que solicitarían el referéndum revocatorio del presidente Chávez, fueron detenidos el director de la Voz de Guarenas, Emilio Materán y otros periodistas de la emisora Televen. Fueron agredidos físicamente la periodista Marta Palma Troconis, de Globovisión, y su camarógrafo Joshua Torres; la periodista Najhla Paola Isaac y el equipo de TVS; la periodista Ivonne Andara Berrío, atacada directamente por una turba de más de cien personas liderada por el alcalde de Caracas, Freddy Bernal, y por el diputado oficialista Juan Barreto. Fueron atacadas por los grupos de violencia callejera afectos al gobierno las sedes del diario El Nacional, de Así es la Noticia, de Radio Caracas Televisión, de TV Guayana y sus periodistas, y periodistas de Globovisión. Encapuchados armados quemaron una camioneta y una cámara de televisión de Venevisión, en el Estado Zulia. El 11 de mayo fueron agredidos por funcionarios de la Inteligencia Militar el periodista Félix Carmona y el fotógrafo Jorge Santos, quienes trabajan para el diario El Universal. Fueron detenidos, luego, por efectivos militares, los equipos reporteriles del diario La Verdad y de la emisora Globovisión, quienes daban cobertura al conocido tema de los paramilitares. El 4 de septiembre último fue torturado y luego asesinado el escolta que cuida la vida de la periodista Patricia Poleo, acción que generó medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Francisco Bautista, Kiko, director del Diario El Mundo, renunció a su cargo bajo presiones políticas del gobierno. En otro orden, el 27 de julio, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia sentenció, en línea contraria a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que la colegiación obligatoria de los periodistas no contraviene el ejercicio de la libertad de expresión y que su exigencia es potestad soberana del legislador nacional.