COLOMBIA

Las principales trabas a la libertad de prensa en este período se han presentado por la vía de la intimidación, mientras que, por primera vez en ocho años, no se registró ningún asesinato de periodistas por razones de oficio. Un hecho insólito fue el asesinato de un popular voceador de prensa en la ciudad de Santa Marta por vender un periódico donde se informaba de la captura de un grupo de paramilitares. En casi todas las zonas de conflicto armado reina un clima de miedo y un alto porcentaje de los periodistas que trabaja allí de manera permanente reconoce que practica la autocensura en noticias relacionadas con guerrilla o paramilitares. Se registraron oficialmente 22 amenazas a periodistas en los puertos de Buenaventura y Barrancabermeja, y en las ciudades de Yopal, Neiva, Ibagué y Cúcuta, principalmente. Un periodista salió al exilio por las amenazas. La ciudad de Cúcuta presentó la situación más complicada para el ejercicio profesional. Nueve periodistas denunciaron amenazas y agresiones por parte de funcionarios públicos y del propio alcalde de la ciudad, hoy encarcelado por presuntos nexos con los paramilitares. Otro periodista de esa ciudad fue víctima de un atentado en el que murió su hijastra. Además de las amenazas, se denunciaron 14 casos de periodistas agredidos por la fuerza pública la cual obstruyó la cobertura de hechos de orden público. En el campo judicial, se presentaron decisiones significativas. La primera fue el cierre investigativo parcial en el proceso por el asesinato del subdirector del diario La Patria, Orlando Sierra, ocurrido el 30 de enero de 2002. La Fiscalía acusó a dos coautores materiales y anunció que se iniciará una investigación para determinar la autoría intelectual. La medida causó el rechazo del gremio periodístico que consideró que la Fiscalía descartó testimonios y pistas que señalaban como presunto autor intelectual del homicidio al político local Ferney Tapasco. El proceso fue reasignado a un fiscal especializado de Manizales. La segunda decisión fue la liberación de uno de los responsables materiales del asesinato del director de El Espectador, Guillermo Cano, ocurrido el 17 de diciembre de 1986. Luis Carlos Molina Yepes recuperó su libertad tras cumplir tan solo seis años de prisión, gracias al mecanismo de rebaja de penas. Por otra parte, la Corte Constitucional declaró exequible un proyecto de ley que reconoce legalmente la profesión del comunicador social, pero rechazó todos los artículos que pretendían establecer certificaciones estatales o exigencias académicas para el ejercicio del periodismo. A través de mecanismos judiciales que en algunos casos desconocen el derecho a la defensa y sentencias de la Corte Constitucional, en este semestre se reportaron cinco acciones de tutela, dos procesos penales y una demanda por calumnia e injuria contra la Revista Cambio y los periódicos El Tiempo y El Nuevo Día de Ibagué. En el plano legislativo, preocupan las reformas a los Códigos Nacional Electoral, del Menor y el Tributario. La primera resulta restrictiva de la libertad de expresión porque prohíbe la divulgación de publicidad y encuestas el día de elecciones; la reforma al Código del Menor impone a los medios obligaciones en términos de sus contenidos; y el proyecto de Reforma Tributaria, introduce nuevamente el impuesto al papel periódico, a los ejemplares, y a libros y revistas de importación y grava la publicidad de periódicos pequeños. El Congreso ha iniciado el estudio de un proyecto por el cual se pretende regular el acceso a la información y establecer la posibilidad de clasificar ciertas informaciones como reservadas, que no estaban previstas en la legislación y que pueden generar restricciones para el libre ejercicio periodístico. En abril, Norberto Antonio Castaño, director del informativo “El Imparcial” de la emisora HJ Doble K de Neiva, departamento del Huila, denunció que su vida corría peligro. Castaño advirtió de la presencia de hombres armados frente a la emisora y denunció a la URR de la SIP que las amenazas provendrían de paramilitares o miembros de la fuerza pública que lo acusan de tener nexos con las FARC. El 22 de abril, Jorge Corredor, director del programa “El Pregón del Norte”, de la emisora La Voz del Norte, en Cúcuta, Norte de Santander, fue víctima de un atentado cuando un desconocido le disparó en su casa. El periodista logró escapar pero su hijastra, de 20 años, recibió los disparos y murió. Corredor dijo a la URR de la SIP que el alcalde de la Ciudad, Ramiro Suárez Corzo, le exigió al gerente de la emisora que lo sacara del aire. “Como condición para continuar con mi espacio, me hicieron firmar que no criticaría más al alcalde”, afirmó el periodista. El alcalde está detenido por vínculos con paramilitares. Un oficial de la Policía le exigió al jefe de Redacción de Vanguardia Liberal en Barrancabermeja entregar fotos en las que manifestantes atacaron a miembros de la fuerza pública para identificar a los responsables. El diario rehusó. En mayo, el corresponsal de Caracol Noticias en el departamento de Antioquia fue agredido por un miembro de la Policía cuando cubría una protesta en el municipio de Barbosa. Días antes, siete periodistas también fueron agredidos por la Policía Nacional mientras cubrían unas manifestaciones públicas en Cartagena contra las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Periodistas de varios medios de comunicación reportaron presiones por parte de los paramilitares durante las negociaciones entre el Gobierno y estos grupos en Santafé de Ralito, zona de los diálogos. Los jefes de las autodefensas exigieron mostrar el material que iban a enviar a Bogotá, para hacer las correcciones que ellos consideraban pertinentes. Periodistas nacionales e internacionales rechazaron la decisión del Gobierno de imponer requisitos previos como la acreditación para el ingreso a la zona de diálogos con los paramilitares porque dificulta el acceso a la información. En junio, Olga Lucía Cotamo, Ángela Echeverri y Fernando Fonseca, periodistas de RCN radio en Cúcuta, denunciaron haber sido amenazados a través de un panfleto que los declaraba como objetivos militares por simpatizar con la política del presidente Alvaro Uribe. “La amenaza es en serio y no tiene reversa”, dice el volante que estaría firmado por un comandante de la guerrilla del ELN. El periodista Cristian Herrera y el fotógrafo Carlos Patiño, del diario La Opinión, de Cúcuta, fueron amenazados por un agente de la DIJIN quien les exigió mostrar las fotografías que habían tomado del traslado de un capturado en el aeropuerto de Cúcuta. Cristian Herrera había sido victima de amenazas por parte del comandante de la Policía y el Alcalde de la ciudad, por lo que tuvo que salir del país. El 17 de junio, Luz Dary Mora, reportera del canal local Enlace TV, de Barrancabermeja, fue agredida en medio de las protestas que se presentaron entre sindicalistas y la Policía Nacional. En la protesta también fueron agredidos periodistas del Canal Caracol, y de dos canales locales de TV. En julio, Lucio Pabón, ex funcionario de la Fiscalía, demandó civil y penalmente al diario El Tiempo por un informe sobre corrupción al interior del Programa de Protección de Testigos que estaba a su cargo. Fue dinamitado el transmisor de la emisora Fuego Estéreo en Ciénaga, departamento de Magdalena. La emisora no había recibido amenazas. La Fiscalía profirió resolución de acusación en contra de dos delincuentes comunes por el homicidio del subdirector de La Patria, Orlando Sierra. Fueron acusados como coautores materiales de homicidio agravado. El 29 de julio, el Consejo de Estado pidió a la emisora RCN “adecuar el contenido” de un programa radial con un alto contenido sexual dirigido a jóvenes. Argumentó que el programa radial iba contra “la moral pública, las buenas costumbres, los valores, la integridad física y psíquica de la sociedad”. Germán Hernández, periodista del Diario del Huila denunció que fue intimidado por el comandante de la Novena Brigada de Neiva, Juan Pablo Rodríguez Barragán. Hernández informó a la URR de la SIP de que luego de un viaje a territorio controlado por la guerrilla, el comandante expresó que los que iban a esa zona eran amigos de la guerrilla. Luego llamó al gerente del periódico para advertirle que la permanencia de Hernández en el diario no era buena para las relaciones con la Brigada. El periodista recibió el respaldo del medio. El 1 de agosto, el cronista Hollman Morris y un reportero italiano de la BBC de Londres, fueron retenidos por la Armada Nacional en el departamento del Putumayo cuando regresaban de realizar un documental sobre la frontera colombo-ecuatoriana. Los uniformados dijeron que debían confirmar la identidad de los periodistas y por eso fueron requisados y privados de sus pertenencias. El semanario El Espectador fue acusado por el Gobernador del departamento del Meta y amenazado por algunos anónimos, luego de que su editor de Investigaciones, Norvey Quevedo, denunciara sobrecostos en las contrataciones de la Gobernación. El diario El Nuevo Día de Ibagué recibió una amenaza a través de un correo electrónico contra el periodista responsable de la publicación de un artículo sobre el recientemente asesinado paramilitar Miguel Arroyave. La amenaza decía que las sindicaciones contra Arroyave se pagaban con la muerte. Richard Leguizamo, periodista del periódico Vanguardia Liberal en Valledupar fue amenazado por los paramilitares tras un artículo sobre la muerte de un destacado líder indígena Kancuamo. El periodista fue retirado de la ciudad por la Fundación de Libertad de Prensa. El periodista de Radio Ipiales, Julio Horacio Bernal, fue agredido por un grupo de manifestantes indígenas mientras cubría una protesta en el puente internacional Rumichaca en la frontera colombo-ecuatoriana. Los indígenas acusan a los reporteros locales de estar aliados con el alcalde de Ipiales. En septiembre, el Ministerio de Comunicaciones clausuró la primera radio indígena del norte del Cauca, Radio Nasa, ganadora de varios premios internacionales, por supuesta violación a los procedimientos establecidos por el Ministerio para emisoras comunitarias. Luis Alberto Castaño Martínez, director de noticias de la emisora comunitaria Café FM en Líbano, departamento del Tolima, tuvo que abandonar el municipio debido a la existencia de un plan de los paramilitares para asesinarlo. Castaño venía denunciando las muertes selectivas ocurridas en la región en los últimos meses. Claudia Julieta Duque, periodista e investigadora del célebre caso del humorista y comunicador Jaime Garzón, asesinado en agosto de 1999, denunció amenazas telefónicas y seguimiento de vehículos que podrían ser del Departamento de Seguridad (DAS). El 21 de septiembre, Luis Eduardo Gómez, director y propietario de la Revista Urabá y columnista del diario local, denunció amenazas de funcionarios del municipio de Arboletes en el departamento de Antioquia, tras informes del periodista sobre irregularidades en la administración local. El 30 de septiembre, un popular voceador de periódicos de Santa Marta, capital del Magdalena, Jaime Alberto Madero Muñiz, fue asesinado de tres disparos por vender ejemplares del diario local El Informador que traía la noticia sobre la captura de seis reconocidos paramilitares que operaban en esa región. El voceador había sido advertido de que no podía pregonar esa noticia. Hacerlo, le costó la vida. En octubre, Luis Carlos Molina Yepes, el hombre que procuró las armas y vehículos a los sicarios que asesinaron en 1986 al director de El Espectador, Guillermo Cano, recuperó su libertad tras solo seis años de prisión, gracias al mecanismo de rebaja de penas. Molina Yepes se ganó la rebaja haciendo escobas y veladoras en la cárcel. La liberación de Molina, motivo de un pronunciamiento de la SIP, causó rechazo en el gremio periodístico y la sociedad en general. El 2 de octubre, la revista Semana hizo público en un editorial haber recibido amenazas y denunció que los teléfonos de algunos de sus periodistas están interceptados por organismos de seguridad del Estado. Las amenazas se presentaron luego de que la revista difundiera fragmentos de una conversación entre los comandantes paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia y el alto comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo. Ese mismo día fue asesinado John Henry Pava Solarte, hijo de un ex senador y director de la emisora de música juvenil La Súper Estación, por sicarios que le propinaron un disparo en la cabeza cuando salía de una discoteca en el municipio de Yumbo, en el Valle del Cauca. Su muerte no obedece al ejercicio del periodismo y según la Policía, está relacionada con el no pago de una deuda. El 12 de octubre, una sentencia de la Corte Constitucional reconoció la actividad periodística como profesión, pero rechazó todos los artículos de un proyecto de ley que pretendía fijar exigencias previas, tales como la tarjeta oficial de periodista o la certificación obligatoria del Estado. Es periodista, según la Corte, quien se dedica al manejo de la información, egresado o no de una universidad, y cuyo reconocimiento como tal no depende en ningún caso del Gobierno. El 30 de marzo fue asesinado el jefe de prensa de la alcaldía de Aracataca, departamento del Magdalena, Francisco Antonio Acevedo Rivera. El periodista había sido director de la Casa de la Cultura Gabriel García Márquez y fundador y locutor de la emisora Macondo Stereo. Su asesinato no tiene móviles profesionales. En otro hecho violento, que tampoco obedece a razones de su oficio, el 15 de octubre fueron muertos dos jóvenes locutores de una emisora musical de Florida, departamento del Valle, por delincuentes que les robaron el vehículo en el que se transportaban.