BOLIVIA

Un año se cumple de la gestión de gobierno del presidente Carlos Mesa, periodista profesional que asumió la presidencia de Bolivia tras una insurrección popular que forzó la renuncia de su antecesor, Gonzalo Sánchez de Lozada. Tan pronto asumió, y dejando en el olvido una iniciativa de Sánchez de Lozada de regular los medios de comunicación a través de una superintendencia bajo control estatal, Mesa consideró urgente y necesario, bajo la premisa de desconcentrar el poder, la entrada en vigencia de un Decreto Supremo de transparencia y acceso a la información gubernamental, procurando instaurar la transparencia informativa como principio básico en un país signado durante años por altos índices de corrupción. La nueva disposición apuntó más que a facilitar la labor periodística, a que la ciudadanía tuviese acceso a datos habitualmente restringidos, para que así la información pública no sea un derecho de lujo. Sin embargo, diversas organizaciones gremiales y la sociedad civil expresaron su desacuerdo por algunos alcances del contenido del Decreto, como la prohibición a los Fiscales de entregar información sobre la investigación judicial; y la condición de clasificadas que otorga a las informaciones de actividades militares, económicas, integridad territorial y negociaciones internacionales. La prensa ha informado de quejas ante la presidencia de la República, formuladas en una carta abierta firmada por la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa y la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, por actitudes de funcionarios de diversos niveles de gobierno que han amenazado a los medios acusándolos de tener un “tono antigubernamental”. También el diario La Patria, de la ciudad de Oruro, indicó en su oportunidad que la periodista de televisión Carmen Torres fue amenazada de muerte por miembros de la Comunidad Inti Wara Yassi (CIWY), intentando acallar sus denuncias respecto a tráfico de animales silvestres. En ocasiones, la Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia ha denunciado agresiones policiales contra periodistas y ha exigido garantías para el ejercicio profesional. En julio pasado, el periodista Alex Arias, de un canal de televisión, reaccionó y golpeó a un mayor de la policía que a su vez lo había agredido en medio de una gresca entre periodistas y policías, como si se tratara de bandos enfrentados. Está vigente la disposición sobre que los periodistas deben tener título universitario y estar inscritos en un Registro Nacional para poder ejercer. Aunque los dirigentes del gremio, la mayoría egresados de otras carreras, aseguran que no veda el ejercicio de la profesión, su mera existencia limita el acceso a los medios de comunicación.