En este período se han registrado varios incidentes que coartaron el ejercicio del periodismo.
Entre los hechos más sobresalientes figuran los siguientes: el diario El Vocero informó de que el Superintendente de la Policía de Puerto Rico estaba "cotejando" las llamadas telefónicas, de reporteros que cubren esa dependencia, a oficiales de alto rango que podrían estar "filtrando" información a la prensa; un juez federal ordenó a los canales de televisión local que entregaran a los acusados copias de los vídeos de un motín ocurrido en la madrugada del 1 de mayo de 2003, durante el traspaso de unos terrenos usados por la Marina de los Estados Unidos en la isla municipio de Vieques al Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre; y la Organización de Comunicadores y Periodistas Independientes (OCPI) redactó una resolución pidiéndole al gobierno de Puerto Rico descontinuar la práctica de certificar a los periodistas a través del Departamento de Estado y dejar esta tarea a los medios de comunicación y a las organizaciones de periodistas.
Los productores de la revista teatral "Chicos cantando y desnudos" ganaron una batalla en corte para presentar la obra en el histórico Teatro Tapia del Viejo San Juan, luego de que el Municipio de San Juan canceló la presentación aun con la existencia de un contrato entre las partes. Existen aún unas demandas pendientes contra el municipio en las cortes estatales y federal.
La Organización de Comunicadores y Periodistas Independientes de Puerto Rico Inc. (OCPI) redactó una resolución pidiendo al gobierno de Puerto Rico que termine con la práctica de certificar a los periodistas por medio del Departamento de Estado, dejándole esa responsabilidad a los medios de comunicación y a las organizaciones de periodistas del país. La resolución dice que frecuentemente el gobierno acredita a personas ajenas a la profesión y que la práctica se presta a muchas irregularidades.
La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC por sus siglas en inglés), aprobó la compra de Hispanic Broadcasting Corp., dueña de WKAQ-Radio Reloj y KQ-105 en Puerto Rico, por Univision Communications Inc., dueña del Canal 11 en Puerto Rico. La fusión ha causado mucha controversia por el tamaño de ambas compañías y el temor a un monopolio noticioso que limite las opciones para la comunidad hispana.
Un juez federal ordenó a los canales de televisión local que entregaran a los 12 acusados copias de los vídeos tomados en un motín, en el que se destruyó propiedad del gobierno norteamericano, ocurrido en la madrugada del 1 de mayo de 2003, durante el traspaso de unos terrenos usados por la Marina de los Estados Unidos en la isla municipio de Vieques al Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre, una agencia de gobierno norteamericano. Los fotoperiodistas Miguel Pomales y Denise Rivera Bello, de Univisión Puerto Rico fueron citados por el juez para autenticar los vídeos. Fueron citados, pero no comparecieron al tribunal, otros fotoperiodistas de la cadena Telemundo y otro de Univisión que trabaja en Nueva York.
El juez Carlos Cabán García fijó para el 14 de enero de 2004, el juicio en el caso de una protesta frente a la Oficina de la Procuraduría de la Mujer (OPM) que degeneró en motín, en la que están involucrados cuatro líderes del Partido Nuevo Progresista (PNP). Las cadenas Telemundo (Canal 2), Univisión Puerto Rico (Canal 11) y Televicentro (Canal 4) fueron obligadas a entregar los vídeos crudos del incidente.
El juez federal José A. Fusté archivó una demanda en contra del periodista Luis Francisco Ojeda y El Mundo Broadcasting, ex propietarios de WKAQ Radio Reloj, radicada por el licenciado Bernardo Vázquez Santos, ex abogado del ex gobernador Pedro Rosselló. El licenciado Vázquez Santos radicó la demanda porque Ojeda le había grabado una conversación sin avisarle.
A principios de abril, oficiales de la Policía de Puerto Rico, destacados para vigilar el perímetro inmediato a la verja de las tierras de la Marina en Vieques, agredieron al fotoperiodista Javier Freytes de El Vocero y a Papulín Mullet, periodista de la Cadena Radio Puerto Rico 740 AM que estaban cubriendo un incidente entre opositores de la Marina y miembros del grupo Renacer Estadista. Los marinos tomaron vídeos a los fotoperiodistas Javier Araujo, de El Nuevo Día, y Dennis Jones, de El Vocero, y lanzaron botellas de gases lacrimógenos contra los grupos de manifestantes que también afectaron a los periodistas, algunos de los cuales tuvieron que recibir atención médica.
La Juez de Distrito Federal Carmen Vargas de Cerezo denegó la petición de acceso del diario The San Juan Star ?en representación de sus periodistas Martin Gerard Delfin y Douglas Zher? a las transcripciones y grabaciones selladas por la Corte Federal relacionadas con el caso del ex presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Edison Misla Aldarondo. El ex representante está acusado de lavado de dinero, venta de influencia e interferencia con los procedimientos relacionados con el nombramiento de un fiscal federal.
Están bajo consideración de la Legislatura de Puerto Rico los siguientes proyectos que, de convertirse en ley, pudieran afectar la libertad de prensa y el acceso a la información:
- P del S. 1599 Ley de Acceso a la Información Pública (FOIA criollo), presentada por el Senador del PPD José Ortiz Daliot, pendiente a vistas públicas en la Comisión de Gobierno. El proyecto tiene unas secciones que pudieran permitir a las agencias de gobierno regodearse en el acceso a documentos públicos y establecer una distinción entre el acceso de documentos para la prensa y para el ciudadano común que no debería ser incluida.
- Sigue engavetado en el Senado de Puerto Rico un proyecto de ley para devolver el acceso a la prensa a expedientes judiciales de divorcios y otros asuntos de familia.
- Está bajo consideración en el Senado de Puerto Rico una serie de medidas para combatir la pornografía, especialmente la presentación por la televisión y en los cines de los porno vídeos o bailes llamados perreo, en algunos de los cuales se han utilizado menores de edad.
Madrid, Espanha