PERU

Durante este período destacó, por las repercusiones que tendrá para la prensa, el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), presentado el 29 de agosto y cuya investigación abarca 20 años de violencia política en el país. En particular, el capítulo “medios de comunicación” examina cómo la prensa desarrolló su labor periodística, definió su línea editorial e investigó los hechos de violencia. El informe también reconoce que los periodistas, sobre todo en las zonas de conflicto, trabajaron bajo un ambiente de violencia, campañas de intimidación y amenazas constantes provenientes tanto de las agrupaciones terroristas Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), como de comandos paramilitares y de las Fuerzas Armadas. Añade la CVR que en el departamento de Ayacucho, el que más fuertemente fue golpeado por el terror, los periodistas fueron víctimas de persecuciones, desapariciones forzadas, secuestros y muerte; lo que determinó que fueran asesinados dieciséis periodistas, la mayoría de los cuales estaban amenazados y habían sido detenidos en diversas oportunidades. Sin embargo, de especial interés para la campaña contra la impunidad que promueve la Sociedad Interamericana de Prensa, son las conclusiones de dicho informe en torno a los asesinatos de dos periodistas: Jaime Ayala Sulca, corresponsal del diario La República y Hugo Bustíos Saavedra, corresponsal de la revista Caretas en Ayacucho. Ambos periodistas fueron asesinados por miembros de las fuerzas de seguridad. Mientras Jaime Ayala fue secuestrado y desaparecido el 2 de agosto de 1984, cuando acudió por razones de su misión informativa al Cuartel de la Infantería de Marina que tenía su base en el estadio de la ciudad de Huanta, Ayacucho; el 24 de noviembre de 1988, el periodista Hugo Bustíos fue asesinado durante una emboscada, a pesar de haberse identificado como periodista, mientras se desplazaba a cubrir un asesinato en una zona resguardada por las fuerzas de seguridad en las inmediaciones de Huanta. En estos casos, la CVR ha solicitado al Ministerio Público que inicie las investigaciones y ejerza acción penal en las situaciones individuales que lo ameriten y determine los indicios de presuntas responsabilidades individuales que dicha comisión ha documentado. Por otro lado, si bien durante este período el ejercicio de la libertad de prensa ha continuado manifestándose a través de la amplia oferta informativa y la cobertura plural de los acontecimientos, la fiscalización que realizan los numerosos medios de comunicación existentes en el país, ha generado el cuestionamiento y la protesta tanto del presidente de la República como de diversos sectores del oficialismo, que han pretendido responsabilizar a la prensa de fomentar una serie de crisis políticas que ha enfrentado el gobierno durante meses recientes. A raíz de la divulgación de un audio que registraba la conversación del presidente Alejandro Toledo con unas de sus asesores, el mandatario amenazó con iniciar acciones legales tanto contra el responsable de la intervención telefónica como contra quienes la difundieron; en este caso, el conductor del programa de televisión “En la Boca del Lobo”, César Hildebrandt. Entonces el presidente Toledo declaró que “lo mostrado en la televisión es una exageración de democracia”. Por su parte, el congresista Jorge Mufarech presentó un proyecto de ley, que luego retiró por falta de apoyo, que sancionaría con pena carcelaria a quienes difundieran conversaciones privadas. Finalmente, el informe sobre la intervención de las comunicaciones presidenciales fue declarado “secreto de Estado”, apelando para ello a la controvertida, y para muchos equivocada, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública promulgada en 2002. Asimismo, causó preocupación la denuncia de la periodista Cecilia Valenzuela sobre el seguimiento a periodistas del programa de televisión “La Ventana Indiscreta”, registrado en informes preliminares del Consejo Nacional de Inteligencia, cuyo jefe, el almirante (r) Alfonso Panizo, describió como parte de una investigación para esclarecer las continuas fugas de información en su sector. Si bien el jefe del CNI marcó un importante precedente con sus antecesores al solicitar reunirse con los miembros del Consejo de la Prensa Peruana, para aclarar que no existía una política de seguimiento a periodistas desde el ámbito de inteligencia, días después de la denuncia, su renuncia fue aceptada por el Ejecutivo. Otro factor de preocupación es la aparente incapacidad del Poder Judicial para otorgar las garantías necesarias para el ejercicio de la libertad de prensa, debido en gran medida a los altos niveles de corrupción inherentes al sistema y que las iniciativas de reorganización emprendidas bajo el liderazgo del presidente de la Corte Suprema, Hugo Sivina, aún no logran erradicar. Asimismo, la extrema lentitud con la que se desarrollan los procesos judiciales que involucran, entre otros, a un número de propietarios de medios de comunicación, actualmente reos en cárcel o con orden de detención domiciliaria, acusados de participar o ser cómplices de delitos de corrupción durante el régimen de Alberto Fujimori, comenzarían a contravenir el derecho al debido proceso de los implicados. Un caso en el que se ha manifestado el errático proceder del Poder Judicial es el conflicto judicial que enfrenta a los accionistas de Panamericana Televisión, Canal 5 (PANTEL), Genaro Delgado Parker y Ernesto Schutz y la situación que éste ha propiciado debido al uso repartido de las frecuencias para transmitir sus programaciones en Lima y provincias, por ambas partes. Sin embargo, cabe mencionar que han sido los periodistas que laboran o laboraban en Panamericana Televisión los que han sido perjudicados por la inestabilidad que generan las presiones ejercidas por los directivos del medio de comunicación para que asuman públicamente posturas a favor de uno u otro lado del conflicto empresarial. En este mismo ámbito, y en particular en el proceso judicial que sigue el congresista oficialista Jorge Muparech contra el diario El Comercio por un presunto delito de difamación en el que solicita la arbitraria indemnización de US$ 50 millones, el juzgado que ventila la causa ha decidido trabar embargo preventivo sobre los bienes de los denunciados sin determinar su monto. Este insólito proceder constituye una amenaza contra la libertad de expresión, pues pone en riesgo la viabilidad del diario. El caso PANTEL y el confuso accionar judicial y de los organismos reguladores en el caso de América Televisión Canal 4, también intensificaron las solicitudes provenientes de diversos sectores, sobre la necesidad de que el Congreso de la República reanude el debate sobre a la promulgación de una nueva Ley de Radio y Televisión, que ordene de manera efectiva la legislación relativa al funcionamiento de los medios de comunicación audiovisuales. La tarea ha sido asumida por la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la República que actualmente viene recibiendo diversas propuestas al respecto. Finalmente, informes, aún considerados como aislados, sobre amenazas contra periodistas en el Cuzco, así como el secuestro del familiar de un periodista radial de Huancayo, podrían ser indicio de una creciente intolerancia contra la prensa por parte de autoridades y grupos de interés en el interior del país. A continuación los hechos más sobresalientes: - El 19 de junio, el gobierno peruano solicitó por cuarta vez al gobierno de Chile la extradición del publicista argentino Daniel Borobio, en relación con su participación en la campaña de desprestigio a periodistas y políticos opositores al régimen fujimorista en diversos de medios de comunicación. Borobio es requerido por la justicia peruana en cinco procesos judiciales por los delitos de peculado, tráfico de influencias y asociación ilícita. - El 25 de junio, el periodista radial Néstor Puicón Ramos, director y conductor del informativo Foro Radial de Radio Señorial de la ciudad de Huancayo, solicitó garantías personales ante la Jefatura Provincial de la Policía Nacional de la ciudad, luego de denunciar el secuestro de su hija Ana Raquel Puicón Gonzáles, de 23 años. El secuestro ocurrió el 20 de junio cuando Ana Puicón retornaba de la universidad a su domicilio y fue interceptada por tres desconocidos quienes la condujeron en un vehículo con rumbo desconocido, advirtiéndole de que su vida corría peligro debido a la labor periodística de su padre. - Luis Mamani Huilca y Gluder Valdez Manrique, periodistas de Radio Sicuani del Cuzco, denunciaron que desde el mes de febrero vienen siendo víctimas de constantes amenazas por parte de desconocidos, como represalia a sus denuncias periodísticas contra la gestión del alcalde de Sicuani, Ricardo Cornejo Sánchez. - El 4 de agosto, el ex canciller Diego García Sayán presentó una demanda ante el 12 juzgado Penal de Lima, por un millón de dólares, por difamación agravada contra los directivos del diario La Razón. García Sayán manifestó ser víctima de una campaña periodística por “haber convocado a una reunión con los cabecillas terroristas recluidos en la Base Naval del Callao y haber promovido la flexibilización del sistema carcelario”. - El 10 de agosto, el Procurador Anticorrupción, Ronald Gamarra, informó de que el publicista Augusto Bresani León podría ser acusado por delito de peculado, si se comprueba que utilizó fondos del Estado para financiar la campaña de desprestigio contra políticos de oposición y periodistas en coordinación con Vladimiro Montesinos. Por otro lado, se solicitó formalmente ante el gobierno de Estados Unidos la extradición del hijo de Bresani, Giancarlo Bresani Mier y Terán, detenido en California, que tiene complicidad del delito de peculado con mandato de detención por ser acusado de ser el enlace entre su padre y los dueños de los diarios chicha. - El 14 de agosto, el 36 Juzgado Penal de Lima declaró infundada la acción de Hábeas Corpus presentada por miembros de la agrupación terrorista Sendero Luminoso contra los directores de los diarios Correo y Ojo, Juan Carlos Tafur y Carlos Manrique Negrón, respectivamente. El Hábeas Corpus pretendía impedir que el diario Correo continúe informando sobre actividades de Sendero Luminoso. - El 28 de agosto, los ex propietarios de América Televisión, Canal 4, Enrique y Francisco Crousillat, procesados por los delitos de recepción de bienes, tráfico de influencias, peculado y asociación ilícita, se presentaron ante el juzgado de turno de Buenos Aires, con relación al proceso de extradición solicitado por la justicia peruana. - El 28 de agosto, la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso inició el debate del Proyecto de Ley de Radio y Televisión. El presidente de la comisión, el congresista Mario Ochoa sostuvo que solicitarán propuestas a la ciudadanía, organizaciones de la sociedad civil y al sector empresarial. - La Sala Superior Penal Especial Anticorrupción concedió libertad al ex-miembro del directorio de Cable Canal de Noticias, Vicente Silva Checa, en el proceso que se le sigue por pagar a dos secretarías de CCN - Canal 10, con dinero procedente de los fondos reservados del desaparecido Servicio de Inteligencia Nacional. Sin embargo, Silva continuará preso en el penal San Jorge, debido a la orden de detención vigente, por el proceso que se le sigue por su participación en la compra del referido canal de cable; proceso que también atañe al ex director del diario Expreso, Eduardo Calmell del Solar y al ex presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, General (r) Luis Delgado Arenas. - El 12 de septiembre, la jueza Sara Mayta, del Cuarto Juzgado Anticorrupción desaprobó el acuerdo preliminar de colaboración eficaz presentado por los hermanos Mendel y Samuel Winter, acusados por los delitos de peculado y asociación ilícita. La jueza Mayta alegó que sus acciones de Frecuencia Latina no pueden ser consideradas como garantía para un eventual pago de una reparación civil y que las declaraciones brindadas por ambos empresarios no son útiles ni relevantes. El Fiscal Anticorrupción Oscar Cevallos había solicitado cinco años de prisión para los Winter y el pago de una reparación civil de US$4 millones a favor del Estado. - El 13 de septiembre, la Sala Penal de la Corte Suprema ratificó la orden de captura en el ámbito nacional del escritor y periodista Álvaro Vargas Llosa. A principios del 2002, el juez Guido Vera del 11 juzgado de Lima dictó una orden de conducción de “grado o fuerza” contra Álvaro Vargas Llosa a raíz de la no comparecencia del periodista a las citaciones previas a la querella por difamación y atentado contra el honor interpuesta por el empresario y amigo cercano del presidente Alejandro Toledo, Adam Pollack. Vargas Llosa había denunciado presuntas irregularidades en las negociaciones del gobierno peruano en un contrato de adquisiciones militares. El 25 de julio del 2002, se dictó orden de captura contra el periodista Álvaro Vargas Llosa, quien ha sido declarado reo contumaz. En su defensa, Vargas Llosa, quien vive en el extranjero, afirma ser perseguido político y denunció serias irregularidades en los procedimientos judiciales en su contra. - El 18 de septiembre, el congresista Jorge Mera denunció un supuesto seguimiento a los periodistas que cubren las sesiones del Congreso de la República, ordenado por el jefe de prensa del Legislativo, Carlos Chuiman y el jefe de seguridad interna, John Steinman. El parlamentario indicó que tiene informaciones de que ambos funcionarios habrían solicitado los legajos de los periodistas acreditados en el congreso para conocer sus antecedentes penales y judiciales. - El 7 de octubre, en el contexto de una investigación periodística desarrollada por el diario El Comercio de Lima, y publicada el año 2002, se plantearon serias interrogantes acerca de la posible subvaluación de un vehículo de lujo importando al Perú desde Chile por el Congresista Oficialista Jorge Mufarech Nemy. En vez de desvirtuar los testimonios y evidencias recogidos a lo largo de la investigación, el congresista optó por amenazar al medio de prensa y denunciar judicialmente a sus directores (Alejandro Miró Quesada Garland y Alejandro Miró Quesada Cisneros) y a los periodistas responsables de la investigación por presunto delito de difamación, solicitando una arbitraria indemnización ascendente a US$ 50 millones. El caso fue reportado a la SIP en la Asamblea de San Salvador, en marzo de 2003. En una preocupante decisión, el Juzgado donde se ventila la causa ha optado por trabar embargo preventivo sobre los bienes de los denunciados sin determinar el monto del embargo, lo que en la práctica constituye una grave amenaza para la libertad de expresión, pues pone en riesgo la viabilidad del diario.