No obstante la gravedad de los conflictos sociales y la fuerza que han adquirido las corrientes que propugnan cambios en la forma de administración del país por la vía de las autonomías regionales y la convocatoria de una Asamblea Constituyente, en el primer caso lideradas por el movimiento cívico de Santa Cruz, la región más influyente en Bolivia, es posible colegir que la libertad de prensa, en términos generales, se ejercita sin mayores restricciones.
Empero, cabe informar que, a raíz del proceso para la elección de alcaldes que tuvo lugar en diciembre de 2004, dirigentes de la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Santa Cruz dijeron haber recibido denuncias verbales (no formalizadas) de algunos periodistas que fueron objeto de interferencias y presiones en dos de los más influyentes canales de televisión cruceños donde prestan servicios y que abiertamente tomaron partido por dos candidatos al municipio, propiciando además una guerra sucia que empañó la contienda electoral y recibió la condena de diversos sectores ciudadanos.
En la actualidad, es motivo de controversia entre el gobierno del presidente Carlos Mesa y las organizaciones de trabajadores de la prensa, periodistas y representantes de medios de comunicación escritos y audiovisuales el Decreto Supremo No. 27239 denominado De Transparencia y Acceso a la Información y cuya modificación es exigida con la finalidad de terminar con una serie de excesos y arbitrariedades contra disposiciones vigentes y derechos adquiridos por el pueblo boliviano en torno al acceso a la información, considerando además que dichas organizaciones han sido totalmente marginadas del correspondiente debate. La funcionaria gubernamental encargada de la promoción del proyecto alega que las organizaciones de prensa fueron invitadas al debate pero sus representantes no se hicieron presentes. Los aludidos representantes afirman no haber recibido invitación alguna.
En consecuencia, los organismos sindicales del sector han determinado declararse en estado de emergencia, exigiendo la derogatoria del decreto y anunciaron el inicio de protestas contra esa medida.
Madrid, Espanha