URUGUAI

La libertad de prensa se vio afectada durante este período por un inusual protagonismo de funcionarios del Ministerio del Interior en acciones de hostigamiento contra periodistas. En distintas zonas del país, policías y otros funcionarios del Ministerio del Interior arrestaron y golpearon a un periodista, presionaron e insultaron a otro y presentaron demandas penales contra numerosos hombres y mujeres de prensa. En otro hecho poco frecuente en Uruguay, un periodista fue baleado por un desconocido, luego de difundir denuncias de corrupción en el ambiente del fútbol local. Por otra parte, el Poder Ejecutivo separó del cargo al fiscal de Corte y procurador general de la nación, Oscar Peri Valdez, acusándolo de “atentar contra los derechos humanos”. El Poder Ejecutivo mencionó entre las imputaciones contra Peri Valdez sus doctrinas “restrictivas” sobre la libertad de prensa. Los principales acontecimientos del período fueron los siguientes: El 26 de octubre, periodistas de diferentes medios fueron insultados y desalojados, bajo la amenaza del empleo de la fuerza, de un club deportivo donde se realizaba un congreso del Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT), la central única de trabajadores. El 5 de noviembre, tres jerarcas del gobierno municipal del departamento de Canelones, que estaban siendo denunciados en el programa de televisión “Zona Urbana” por percibir sueldos como funcionarios públicos sin concurrir a trabajar, se presentaron en la puerta de Canal 10, donde se emitía el programa, para tratar de intimidar al equipo periodístico que difundía la información. El 6 de noviembre, Omar Hidalgo, director del semanario La Prensa, que se edita en el departamento de Maldonado, denunció haber sido objeto de presiones y maltrato verbal por parte de funcionarios de la policía local. Hidalgo había informado sobre el incumplimiento de una sentencia judicial de dos funcionarios policiales que habían sido condenados por cometer actos de tortura. El 11 de noviembre, el juez Roberto Timbal absolvió al periodista Gustavo Calandra, quien había sido sometido a un proceso penal promovido por el fiscal de Corte y procurador general de la nación, Oscar Peri Valdez. El fiscal, quien ha sido reiteradamente denunciado en los últimos años por la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) como enemigo de la libertad de prensa, había considerado en un escrito presentado ante la Justicia que el contenido de un artículo de opinión publicado por Calandra en la revista Políticamente Incorrecto implicaba una incitación al odio o al desprecio racial y que, por esa razón, el periodista debía ser procesado. La revista es una publicación de la Juventud por el Resurgimiento Nacionalista (JRN). El 18 de noviembre, José Pose Sanmartín, jefe de policía del departamento de Lavalleja, presentó demandas civiles y penales contra los periodistas del diario La República Federico Fasano, director, y Federico Gyurkovits, editor de Información Policial. El diario había publicado informaciones que involucraban a Pose Sanmartín en presuntos hechos de corrupción. El 19 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad un proyecto de ley en materia de derecho autoral que protege el trabajo periodístico. El proyecto sigue a consideración del Senado. La ley vigente sobre derechos de autor, que data de 1937, no protege el trabajo de los periodistas. El 2 de diciembre, policías antimotines con chalecos antibalas comenzaron a “patrullar” la redacción del diario La República, a pedido de su director, Federico Fasano, quien sostiene un duro conflicto con sus periodistas por razones salariales. El hecho fue denunciado públicamente por el sindicato de periodistas del diario, por la APU y por la central de trabajadores (PIT-CNT) e incluso la televisión difundió imágenes de la actuación policial. Los periodistas han definido el clima imperante en el diario “como el de un cuartel”. El 21 de diciembre, el periodista deportivo Ricardo Gabito Acevedo fue herido en una pierna mediante un disparo de arma de fuego, cuando se disponía a ingresar a su domicilio al regresar de su trabajo. Gabito Acevedo se desempeña como periodista en el diario La República y en los canales de televisión Teveo y TeveLibre. Aparentemente, un sicario hizo fuego sin mediar palabra y el periodista debió ser internado. La bala quedó alojada a la altura del muslo izquierdo. Pocos días antes, el periodista había advertido públicamente que el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Eugenio Figueredo, y el dirigente del fútbol juvenil uruguayo, Nelson Spillman, lo habían amenazado por la publicación de denuncias sobre ellos. Spillman, había escrito Gabito Acevedo antes del atentado, comentó que el periodista es “un corrupto que en cualquier momento iba a encontrar la horma del zapato y ahora va a tener que bailar con la más fea”. A su vez, dijo, Figueredo les pidió hace dos años a otros dirigentes del fútbol que “le dieran un susto” al periodista. Luego del atentado, Gabito Acevedo atribuyó la responsabilidad por el balazo que recibió a “la mafia del fútbol”. El 25 de diciembre, el corresponsal del diario El País, de Montevideo, en la ciudad de Salto, Luis Alberto Pérez Albertoni, fue detenido, golpeado y encarcelado por funcionarios policiales en momentos en que desempeñaba su tarea periodística. Pérez había concurrido a cubrir la reconstrucción judicial de un accidente de tránsito en el que murió un hombre y su esposa quedó lesionada. El periodista hizo notar a los policías su mala conducta durante el hecho, lo que le valió que uno de ellos lo detuviera y le acusara de “desacato”. Pérez acató la orden de arresto y a partir de ahí se sucedieron numerosos hechos de violencia contra el periodista. Fue trasladado por la fuerza, golpeado, insultado y luego en la Comisaría lo arrojaron en una celda cubierta de orín y materia fecal. Posteriormente fue trasladado a un hospital donde se le comprobaron signos de la agresión y fue sometido después a interrogatorio. El 26 de diciembre, presentó denuncia penal contra los policías que lo detuvieron y castigaron, aunque hasta mediados de enero prosiguieron las indagaciones en su contra. Los funcionarios involucrados se encuentran sumariados y separados de sus cargos por el Ministerio del Interior. El 20 de enero, en su “Relatorio 2003” sobre “agresiones al derecho a la información y a la libertad de prensa”, la Asociación de la Prensa Uruguaya reclamó al Poder Ejecutivo que impulsara la derogación de la figura penal de “desacato” por ser una norma que privilegia el honor de los funcionarios públicos por sobre el derecho a informar y opinar, tal como lo viene reclamando insistentemente la SIP. También exigió la destitución del fiscal de Corte y procurador general de la nación, Oscar Peri Valdez, por haber enviado a los fiscales penales de todo el país un instructivo “con elementos claramente restrictivos del ejercicio del periodismo y del derecho a la información”. La APU también solicitó definiciones “sobre la totalidad de las denuncias realizadas por la adjudicación de la publicidad oficial” a medios de comunicación y sobre “las presuntas intervenciones telefónicas en la redacción del semanario Búsqueda, pendiente desde julio del 2000”. El 12 de febrero, el Poder Ejecutivo separó del cargo y sometió a sumario administrativo al fiscal de Corte y procurador general de la nación, Oscar Peri Valdez, a quien acusó de “atentar contra los derechos humanos”. Entre las irregularidades que el ministro de Educación y Cultura, Leonardo Guzmán, le imputó a Peri Valdez figura el descubrimiento de un registro ilegal de personas que el fiscal había creado, sobre cuya base sugería a los demás fiscales qué pruebas diligenciar y qué delitos tipificar, y sus posturas doctrinarias “restrictivas” de la libertad de prensa. El 16 de febrero, en medio de un conflicto laboral entre la dirección del diario La República y sus periodistas, dos jerarcas del periódico, Enrique Piqué y Albérico Barrios, recurrieron a las disposiciones de la ley uruguaya que aún prevé penas de prisión para periodistas por informaciones u opiniones que se consideren “difamatorias” o “injuriantes” y pidieron en un juzgado penal tres años de cárcel para numerosos periodistas (entre ellos, tres del propio diario) al considerarse “agraviados” por informaciones publicadas respecto a ellos. Piqué, uno de los denunciantes, es además “hombre de confianza” del ministro del Interior, Guillermo Stirling, según denunciaron los sindicatos, hecho que fue confirmado por el propio ministro.