PANAMA

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Lamentablemente, la situación de la libertad de prensa y el libre acceso a la información en Panamá, continúa con graves limitaciones. A pesar de los cuestionamientos hechos en contra de la reglamentación de la Ley de Transparencia y libre acceso a la información pública, el reglamento continúa aplicándose por encima de la ley, en una singular aberración jurídica. Panamá está en vísperas de elecciones generales para la Asamblea Legislativa, la Presidencia y las vicepresidencias de la República, así como otros cargos de menor jerarquía, por lo que los candidatos se han visto forzados a referirse a la libertad de prensa y la información pública. Algunos han dicho con claridad que, de triunfar electoralmente, harán lo necesario para derogar la reglamentación de la Ley de Transparencia; otros han llegado a ofrecer lo mismo con toda la legislación existente que puede considerarse como restrictiva a la libertad de prensa y de expresión, y no han faltado quienes cuestionan el carácter penal de la calumnia y de la injuria. Sin duda, dentro de la campaña electoral surgirán muchas promesas sobre las disposiciones del sistema vigente en esta materia. Nada nuevo hay en esto, porque así ha ocurrido en todas las campañas electorales a pesar de lo cual nada de lo prometido se cumple. Durante cada uno de los gobiernos elegidos democráticamente en los últimos 15 años, se han designado comisiones para revisar la legislación existente y proponer los cambios que se estimen pertinentes. Esas comisiones hicieron su trabajo y presentaron sus propuestas; pero por una razón u otra, ninguna recibió aprobación legislativa. Básicamente, no hubo voluntad política para aprobarlas. El ente regulador de los servicios públicos ha iniciado recientemente una campaña en contra de varios comentaristas de radio y televisión para exigirles licencias de locutor o por el contrario no podrán transmitir sus programas de opinión pública. En cuanto al Ministerio Público y el actual Procurador General de la Nación, las diferencias con los medios de comunicación son de vieja data. El procurador José Antonio Sossa hizo pública una carta, dando cuenta de los agravios que le han inferido los medios de comunicación social en Panamá, particularmente el diario La Prensa, pero su fundador, Roberto Eisenmann, descalificó tales apreciaciones.

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