MEXICO

En los últimos seis meses ha visto ampliarse un proceso de transición política que, entre otros ejes fundamentales, encuentra un ejercicio periodístico cada vez más libre e independiente. En este período se destacan los siguientes hechos: El gobierno del presidente Vicente Fox ha informado de que presentará una iniciativa legislativa que modificará la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, para que tenga capacidad de asumir la investigación de todos aquellos casos que representen violaciones graves a los derechos humanos, lo que incluirá el asesinato de periodistas, cuando existan elementos para suponer que ello se debió a su tarea profesional. Esta reforma legislativa coronará una serie de gestiones emprendidas por la SIP durante muchos años en contra de la impunidad. Tras una audiencia celebrada en octubre pasado en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington, el gobierno de México determinó aceptar el reclamo de la SIP para crear un Grupo de Trabajo que analice los casos de Héctor Félix Miranda y Víctor Manuel Oropeza, conformado por representantes de la SIP y el gobierno. El gobierno de la ciudad de México anunció el 20 de febrero pasado una iniciativa de ley orientada a retirar del Código Penal local los delitos de difamación y calumnias. En el documento respectivo se subraya que en su tipificación actual, esos delitos inhiben la crítica del gobernado contra la autoridad, y representan una mordaza para el trabajo de los medios de comunicación. Desgraciadamente, otras entidades del país, como Chiapas y Aguascalientes, han hecho enmiendas a sus leyes en la materia para volverlas todavía más lesivas para el ejercicio periodístico. El Senado mexicano trabaja en estos momentos en una iniciativa de ley para establecer el secreto profesional del periodista. La propuesta, que podría ser votada el próximo mes de abril, tiene carácter federal, y prohíbe a agentes del Ministerio Público y a jueces exigir a periodistas revelar sus fuentes. Incluso, establece sanciones para cualquier servidor público que ejerza esas presiones. Durante un foro nacional convocado por la SIP con jueces de los 31 estados del país, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de México, Mariano Azuela Güitrón, se comprometió a reglamentar el acceso a la información para el Poder Judicial, en respuesta a reclamos sobre que el Poder Judicial no se adecuó a la Ley sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública. Los casos más relevantes de agresiones registradas en contra de la libertad de prensa son los siguientes: El 25 de noviembre de 2003 surgieron nuevas evidencias sobre el caso del periodista norteamericano Philip True, cuyo cadáver fue encontrado en una zona montañosa del estado occidental de Jalisco en diciembre de 1998. Semanas después se determinó que los indígenas Juan Chivarra y Miguel Hernández eran culpables de su muerte, y fueron condenados por ello a una pena de 13 años de prisión. Sin embargo, en agosto de 2002 los dos fueron liberados por un juez que revisó el caso y consideró que no existieron pruebas suficientes para su sentencia. En noviembre pasado, la abogada Patricia Morales, quien fue la defensora de los acusados, ofreció una conferencia de prensa en la que reveló que Chivarra y Hernández le confesaron que eran los asesinos de True. El Ministerio Público ha apelado la orden de liberación de los acusados ante el Tribunal Superior de Justicia del estado, cuya resolución está pendiente de ser emitida. En diciembre de 2003 la periodista Irene Medrano Villanueva, del estado de Sinaloa, al noreste del país, denunció amenazas de muerte por vía telefónica y disparos al aire fuera de su domicilio, luego de que publicó una serie de reportajes sobre prostitución infantil en la capital del estado, Culiacán. Por registros telefónicos se ha comprobado que algunas de esas amenazas han provenido de la oficina del alcalde local, Jesús Enrique Hernández Chávez, quien está sujeto a investigación. El gobierno del estado de Chiapas concentra múltiples denuncias de agresiones contra periodistas. Las mismas surgen de los diarios Cuarto Poder, que encabeza el señor Conrado de la Cruz, y Siglo XXI, que dirige en la ciudad de San Cristóbal de las Casas el señor Walter Hernández González. En enero pasado, el columnista de Cuarto Poder, Angel Mario Ksheratto, fue detenido por acusaciones de difamación y posteriormente liberado tras el pago de una fianza. La acusación surgió luego de la publicación de pruebas de supuesta corrupción de un funcionario estatal. Varios diaristas laboran con amparos de la justicia federal ante el temor de ser detenido. El 17 de febrero, también en Chiapas, el Congreso local aprobó reformas al Código Penal que agravan las causas de difamación penal y calumnia, agravando las penas igualmente. Estas reformas han provocado reclamos contra el gobernador Pablo Salazar Mendiguchía, lo que ha incluido marchas de periodistas en diversas ciudades del estado. El 12 de febrero el Congreso del estado de Aguascalientes aprobó una iniciativa de ley enviada por el gobierno del estado que regresaron al Código Penal local los delitos de difamación y calumnia, que ya habían sido retiradas en mayo de 2003. El 1 de enero el periodista de Baja California Daniel León Rivera presentó una denuncia por agresiones y amenazas por parte del diputado federal suplente y ex alcalde local Silvano Abarca Macklis, quien lo golpeó en la vía pública a raíz de una publicación en el semanario Foro de Ensenada, en el que se le acusaba de malos manejos durante su gestión como presidente municipal en la comunidad de Rosarito. El 19 de febrero policías ministeriales del estado central de Morelos irrumpieron en el domicilio del fotógrafo de prensa de El Universal, Jorge Medina Palomino, sin orden de cateo o detención, bajo el argumento de que buscaban un supuesto laboratorio de drogas. El fotógrafo Medina había documentado en los días previos abusos en una incursión policial a una comunidad indígena de la entidad. En febrero último, el periodista Mario Renato Menéndez, propietario del diario ¡Por Esto!, de Yucatán, denunció intentos de intimidación de autoridades que pretenderían detenerlo arguyendo un adeudo fiscal menor que había derivado en una investigación judicial sobre la cual no se le había otorgado derecho de audiencia. El 10 de marzo, el subdirector del periódico Imagen, de Zacatecas, fue agredido física y verbalmente y amenazado de muerte en plena sesión del Congreso Estatal por el diputado priísta Gumaro Elías Hernández Zúñiga. Éste ha sido denunciado por el periódico por sus actos de corrupción cuando fue presidente municipal de Río Grande Zacatecas y, como consecuencia de ello fue obligado a devolver dos millones de pesos a las arcas municipales. Ante esa condena se produjo la agresión del diputado contra el periodista Francisco Reynoso. El 11 de marzo, el diputado Hernández Zúñiga presentó una demanda penal por daño moral en contra del periódico, de todos sus directivos y de Francisco Reynoso.