La guerra en Irak encabezada por Estados Unidos, aunada a un incremento en los niveles de seguridad en dicho país como resultado de la actual lucha contra el terrorismo, han hecho que los problemas relacionados con la libertad de prensa sigan en aumento en los últimos meses, tanto dentro como fuera de Estados Unidos.
Un tema materia de preocupación ha sido el arresto de un número de periodistas por parte de las fuerzas norteamericanas en Irak. El 28 de octubre, Samer Hamza, un camarógrafo de la cadena de televisión árabe Al-Jazeera, fue detenido por soldados norteamericanos cerca de una estación de policía en Bagdad que había sido blanco de un ataque violento el día anterior. Posteriormente fue liberado sin que se diera ninguna explicación oficial de su arresto de un día.
Hamza es el cuarto periodista que se sabe fue arrestado y mantenido cautivo brevemente por el ejército norteamericano el pasado mes de octubre. Entre los otros reporteros se encuentran el fotógrafo Patrick Baz, de France-Presse, y un periodista de Reuters, ambos detenidos durante varias horas el 19 de octubre en una estación de policía en la ciudad de Fallujah por la policía iraquí, la cual manifestó haber actuado siguiendo órdenes del ejército norteamericano que estaba buscando a alguien que había filmado un ataque a uno de sus convoyes en Fallujah.
Se informó de nuevos hechos acerca de la muerte del camarógrafo ucraniano Taras Protsyuk, de Reuters, y del español José Couso, de la cadena española de televisión Telecinco, muerto cuando un tanque norteamericano abrió fuego el 8 de abril del 2003 contra el Hotel Palestina en Bagdad, donde estaban alojados un gran número de periodistas. Los oficiales norteamericanos han exculpado a su ejército de cualquier equivocación o error de criterio. La organización internacional defensora de la libertad de prensa Reporteros sin Fronteras exigió, el 15 de enero, que se reabriera una investigación oficial del incidente y el 18 de febrero anunció que un abogado que representa a la organización y a la viuda de Couso había acusado al gobierno español de no adoptar ninguna acción para presionar a las autoridades norteamericanas con el fin de que éstas efectúen una profunda investigación de las circunstancias en las que murió Couso. El hermano de Couso, David, presentó el pasado mes de mayo una demanda ante una corte penal de España en la que acusaba a tres soldados del regimiento armado de la división de infantería de los Estados Unidos, de asesinato y crímenes de guerra.
En otros hechos relacionados con Irak, el pasado mes de enero la caricaturista norteamericana Ann Telnaes recibió varias amenazas por correo electrónico luego de que una de sus caricaturas del clérigo islámico iraquí, El Gran Ayatollah Ali Sistani, apareció en la sección satírica del sitio web The Iranian, según un informe de la Red de Derechos del Caricaturista, con sede en Burke, Virginia.
Luego de la detención de un periodista austriaco en el Aeropuerto Internacional de Los Angeles, el 2 de diciembre, el Instituto Internacional de la Prensa (IPI), con sede en Viena, se unió a la Sociedad Americana de Directores de Diarios (ASNE) y a la SIP para invocar al Congreso norteamericano que incluya a los periodistas en la lista de profesionales que no necesitan visa para ingresar a los Estados Unidos.
El periodista en cuestión, Meter Krobath, quien tiene un contrato como periodista independiente con la revista cinematográfica austriaca SKIP, viajaba de Viena a California por invitación de la compañía cinematográfica hollywoodense DreamWorks Pictures para participar en la presentación ante los medios de prensa de la película Paycheck. Al llegar al aeropuerto de Los Angeles le preguntaron cuál era el motivo de su viaje y lo interrogaron por más de cinco horas, le revisaron todo el cuerpo, lo fotografiaron, le tomaron sus huellas dactilares y luego lo condujeron esposado a una habitación aislada. De allí, lo transfirieron a una cárcel en el centro de Los Angeles, donde pasó la noche. Fue liberado el 3 de diciembre y devuelto a Austria.
En cartas dirigidas al Secretario de Estado norteamericano, Colin Powell, y al Secretario de Seguridad del Interior, Tom Ridge, el IPI remarcó que en meses recientes numerosos periodistas extranjeros han sido detenidos en las fronteras norteamericanas, denegándoseles el ingreso y deportándolos a la fuerza a sus países de origen porque no tenían visas para una estadía prolongada. En muchos casos, aduce IPI, los periodistas detenidos por las autoridades migratorias norteamericanas fueron tratados como criminales.
La Asociación Mundial de Diarios, con sede en París, también se unió a los pedidos de cambio en las regulaciones de visado norteamericano de modo que los periodistas puedan trabajar en dicho país por un período breve. El 23 de octubre, la asociación manifestó su seria preocupación al Secretario Ridge, por los maltratos sufridos por la periodista Rachel Bletchy, del diario británico The People, quien fue detenida por 26 horas, también en el aeropuerto de Los Angeles, donde permaneció esposada durante un tiempo y luego fue deportada.
Antes de ello, el pasado mes de mayo, seis periodistas franceses fueron detenidos por más de 24 horas, esposados, inspeccionados físicamente y luego deportados.
El 25 de febrero, Human Rights Watch anunció que, al igual que otros dos grupos internacionales de derechos humanos, ellos tampoco habían obtenido el permiso del Pentágono para asistir y observar los juicios a cargo de una comisión militar contra los detenidos en la base naval norteamericana, en la Bahía de Guantánamo, Cuba, a pesar de que la administración Bush había prometido que los juicios de las comisiones estarían abiertos al público.
Human Rights Watch manifestó que el Pentágono respondió a los pedidos de las organizaciones de derechos humanos diciendo que la intención era solamente dar cabida a algunos miembros selectos de la prensa y a representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja. Acusó al Pentágono de haber impuesto una ley mordaza a los abogados de la defensa, permitiéndoles que hablaran con la prensa solamente con la autorización del ejército y que ahora con esta negativa de acceso a los grupos de derechos humanos los periodistas que cubren los juicios podrán hablar sobre éstos solamente con los oficiales del ejército.
Las investigaciones conducidas por el gran jurado federal acerca de la filtración de información sobre la identidad de Valerie Plame, funcionaria de la CIA, que resultó en la publicación de ésta en la columna de un diario en julio pasado, han tomado un nuevo giro, ya que ahora el gran jurado está pidiendo los registros de los contactos de la Casa Blanca con más de dos decenas de periodistas y organizaciones periodísticas, según un informe aparecido en el diario Newsday, de Melville, Nueva York, citado por la Associated Press el 5 de marzo. Sin embargo, no se ha registrado ningún caso en el que un periodista haya sido citado para comparecer ante el gran jurado.
La investigación se origina a raíz de que Robert Novak mencionó en su columna a Plame, cuyo esposo es el ex embajador Joseph C. Wilson IV, crítico de la política de la administración Bush en Irak.
El tema de la confidencialidad profesional salió a relucir en octubre, cuando un juez federal ordenó a cinco periodistas revelar sus fuentes confidenciales para la elaboración de informes sobre acusaciones de espionaje contra un científico nuclear del laboratorio de armas nucleares de Los Alamos, Nuevo México.
El científico, Wen Ho Lee, pasó nueve meses en prisión, luego de haber sido encausado en 1999, pero fue liberado porque retiraron los cargos en su contra.
El juez ordenó a los cinco periodistas que revelaran la identidad de sus fuentes al abogado de Lee en una querella por daños y perjuicios entablada contra los departamentos de Energía y de Justicia. Los periodistas son Jeff Perth y James Risen, de The New York Times; Robert Drogin, de Los Angeles Times; H. Josef Hebert, de la Associated Press, y Pierre Thomas, quien en ese entonces trabajaba para la cadena CNN.
La libertad de prensa recibió un espaldarazo en la comunidad nativa norteamericana cuando el 23 de octubre el Consejo Tribal Navajo votó a favor de que el diario Navajo Times no estuviera bajo el control del gobierno tribal. El referido diario es considerado como uno de los más agresivos que se publican en las reservas indias nativas.
Hace poco surgió una noticia un tanto extraña. Que el Departamento del Tesoro había estado advirtiendo a las casas editoriales que enfrentarían graves consecuencias legales si es que editaban en cualquier forma manuscritos procedentes de Irán y de otras naciones contra las cuales Estados Unidos mantiene un embargo comercial. El fundamento: la edición se consideraría igual que comerciar con el enemigo.
De acuerdo con la ley, cualquiera que publique material procedente de dichos países debe hacerlo tal y cual lo recibe, estando prohibido cambiar el orden de los párrafos, corregir la gramática o la sintaxis, los errores ortográficos, o reemplazar palabras inapropiadas. No se deberá agregar ninguna ilustración. Sólo está permitida la publicación de copias fotográficas de manuscritos.
La vocera del Departamento del Tesoro, Tara Bradshaw, fue citada confirmando las restricciones y expresando que las actividades prohibidas son edición y colaboración en la edición de manuscritos, selección de revisores y facilitación de una revisión, que resulten en una mejora o alteración sustancial de los manuscritos.
Las amonestaciones estaban contenidas en una serie de cartas dirigidas por el Departamento del Tesoro a los editores, manifestó un reportero del New York Times, y se referían a material procedente de Irán. Sin embargo, se consideraba que, por lógica, comprendían el material procedente de otras naciones contra las cuales Estados Unidos mantiene actualmente un embargo comercial: Cuba, Corea del Norte y Libia, por ejemplo.
Al comentar sobre esta exigencia de publicar los manuscritos tal cual, la Asociación Americana de Editores la calificó como una seria amenaza a la comunidad editora norteamericana en general y a los editores letrados y científicos en particular.
Madrid, Espanha
