COLOMBIA

Resulta significativo observar que las denuncias contra la corrupción política y/o administrativa se han convertido en un creciente factor de violencia contra los periodistas: De hecho, de los cinco periodistas asesinados el año pasado por razones de oficio, tres lo fueron en represalia por sus denuncias e informes sobre este fenómeno. Cuatro periodistas fueron asesinados en el último semestre en Colombia, dos de ellos por razones del ejercicio de la profesión y específicamente por sus denuncias contra la corrupción político-administrativa en el Valle del Cauca. Son ellos William Soto Cheng y Oscar Alberto Polanco. En el caso de los dos restantes, Zully Ester Codina y Martín La Rotta, no se han podido determinar los móviles. Doce periodistas fueron amenazados en diversas regiones del país por parte de guerrilla, paramilitares y, también, funcionarios públicos. El puerto petrolero de Barrancabermeja sobre el río Magdalena se convirtió en un lugar especialmente peligroso para ejercer la profesión. Cinco periodistas fueron amenazados, uno está desaparecido, otra fue secuestrada y objeto de maltratos, y otra amenazada por el coronel de un batallón en esa ciudad. En el plano legislativo, por segunda vez en menos de un año, la Corte Constitucional devolvió al Congreso el proyecto de ley que eleva a profesión la actividad periodística. Se espera que el Congreso, al discutir la reglamentación del estatuto antiterrorista aprobado el año pasado, garantice la reserva de la fuente. La preocupación se fundamenta en la normatividad de la ley, que permite, entre otras cosas, la interceptación de llamadas telefónicas sin orden judicial. El Congreso eliminó la prohibición a los medios de comunicación de revelar la identidad de cualquier persona detenida en las primeras 72 horas sin orden judicial. La SIP había exhortado al Congreso a eliminar dicha prohibición durante su asamblea de Chicago. En el plano judicial, por falta de pruebas fue liberado el alcalde de Barrancabermeja, Julio César Ardila, quien había sido capturado como presunto autor intelectual del crimen del periodista José Emeterio Rivas, ocurrido el 7 de abril de 2003. La Unidad de Respuesta Rápida de la SIP en Colombia realizó un trabajo conjunto con la Fiscalía General para identificar el estado de los procesos de más de 50 periodistas asesinados por razones del oficio en la última década. La investigación realizada por la URR muestra que 15 procesos se encuentran aún en etapa preliminar y que siete más están suspendidos, en un panorama general de impunidad, sobre todo en lo que se refiere a la autoría intelectual de los crímenes contra la prensa. Los principales hechos del período, en orden cronológico, son los siguientes: En octubre, dos fotógrafos aficionados fueron asesinados en la misma semana de octubre en el departamento del Valle del Cauca. Se trata de Lucy Amparo Rodríguez y Omar Eduardo Arango. Los asesinatos no responden a razones de oficio periodístico, pero son reflejo de la situación de violencia generalizada que aún impera en el país. Cinco periodistas fueron amenazados: Yaneth Montoya, de Vanguardia Liberal, en el Puerto de Barrancabermeja por los paramilitares a raíz de informaciones sobre la situación de orden público; Pedro Javier Galvis del semanario La Noticia, también de Barrancabermeja. Dos hombres armados lo abordaron en una moto y le dieron una semana para salir de región; Manuel Fernando Pereira y Adriana Payán, del Noticiero CNC Noticias, luego que hicieron públicas unas investigaciones sobre el manejo irregular de algunas campañas en el departamento del Cauca; y Francisco Terán, director de noticias de la Cadena Todelar, en la ciudad de Pasto. El 11 de noviembre fue asesinada la veterana periodista radial Zully Ester Codina Pérez en Santa Marta, Magdalena. Dos sicarios la interceptaron y le propinaron cuatro impactos de bala, cuando la periodista salía de su casa hacia el Hospital Central donde trabajaba y se desempeñaba como líder sindical. Zully Codina ejercía el periodismo radial desde hacía 25 años. Dirigía un programa de opinión y actualidad regional en Radio Rodadero de la Emisora Todelar de Colombia, cuya última emisión fue tres días antes de su muerte. No ha sido posible establecer los móviles precisos del crimen, pues la periodista desarrollaba además un activo trabajo de carácter sindical. Fue amenazada por los paramilitares, Adriana Cuellar, jefe de la Oficina de Comunicaciones del Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo". La periodista recibió tres amenazas telefónicas en el contestador de su casa, en que le decían: "Hijueputa bocona... te vas a morir, te arreglaremos junto con tu familia”. Beatriz Elena Mantilla, corresponsal del diario Vanguardia Liberal, en Barrancabermeja, recibió una llamada por parte del comandante del Batallón Nueva Granada, Coronel Ricardo Bernal, quien, según la periodista, le dijo: "A partir de hoy la declaro persona no grata en el batallón… y me voy a encargar de que los organismos de seguridad del Estado sepan la clase de persona que es usted". Un artículo relacionado con el cubrimiento de la muerte accidental de un soldado fue la razón del incidente porque, según la periodista, el coronel consideró que se le dio mayor despliegue a esta noticia que a la visita del presidente Uribe en esos días a ese puerto petrolero. Ricardo Perea Vargas, reportero de la revista ecológica Regeneración, fue retenido durante 48 horas por agentes de la agencia de inteligencia de la policía, cuando intentó ingresar a Colombia por la frontera con Venezuela. Al periodista le decomisaron su material de trabajo y lo pusieron en aislamiento. Las autoridades dijeron que Perea llevaba consigo publicidad de las FARC. En diciembre, el columnista del periódico El Espectador y director de cine Lisandro Duque, fue sentenciado a pagar tres días de reclusión y 5 salarios mínimos mensuales por no acatar la orden de rectificación que le hiciera un juzgado. El 13 abril del 2003 en su columna habitual "Lo divino y lo humano", Duque cuestionó la conducta de la directora de una empresa de cine que interpuso una acción de tutela, por considerar que el escrito vulneraba su honra y buen nombre. Luego de dos años de juicio, el 10 de diciembre, finalizó la audiencia de juzgamiento contra los presuntos asesinos del periodista y humorista Jaime Garzón. El Juez deberá dictar sentencia próximamente y determinar si los sindicados por la Fiscalía como autor intelectual (Carlos Castaño Gil, jefe de los paramilitares) y como autores materiales (Juan Pablo Ortiz Agudelo y Edilberto Antonio Sierra Ayala), son culpables del magnicidio. El 18 de diciembre fue asesinado el periodista William Soto Cheng, del canal local de televisión Telemar en Buenaventura, Valle del Cauca. Dos sujetos que se movilizaban en una moto le dispararon en cuatro ocasiones. Soto ejercía el periodismo desde hacía 16 años. Dirigía el programa radial “Litoral Pacífico”. Había denunciado la existencia de un fraude electoral en el que habrían participado algunos miembros de las Fuerzas Armadas. Fue un asesinato por razones de oficio. En respuesta a una Acción de Tutela contra el diario El Liberal, de Popayán, la Corte Constitucional respaldó la labor fiscalizadora del periodismo, en una sentencia que establece que los jueces que decidan acerca de los delitos de injuria y calumnia, deberán entender que, bajo un lenguaje periodístico, afirmaciones como “presunto responsable” significan que la persona está siendo investigada, aunque dicha expresión sea jurídicamente imprecisa o incorrecta, dado que en un estado de derecho se presume siempre la inocencia de las personas. La Corte reiteró la importancia de tratar con rigor la información judicial. El 30 de diciembre fue herido en un atentado José Luis Ahumada, directivo de la emisora Radio Galeón, de Santa Marta, departamento del Magdalena. El comunicador es hijo del periodista Rodrigo Ahumada Bado, asesinado en 1991, y hermano del también empresario radial Rodrigo Alfonso Ahumada, muerto por sicarios hace dos años. El Tribunal Administrativo de Santander ratificó una decisión de primera instancia que ordena a la Policía pagar al periodista Javier Santoyo, corresponsal de Caracol Televisión en Bucaramanga, 14 millones de pesos por los daños ocasionados a su equipo de grabación durante el cubrimiento de una noticia en junio del 2001. Fue liberado el alcalde de Barrancabermeja, Julio César Ardila, quien había sido capturado como presunto autor intelectual luego del asesinato del periodista José Emeterio Rivas, ocurrido el 7 de abril de 2003. La Fiscalía General dijo no haber encontrado méritos para procesarlo. El 28 de enero de 2004 fue secuestrada y amenazada para que dejara su trabajo periodístico, Inés Peña, presentadora de la sección "Cultura por la Vida", que se transmite en el programa de televisión “La Mohana”, en Barrancabermeja. Dos paramilitares armados la subieron a la fuerza a un vehículo, donde la torturaron. La periodista había denunciado la llegada de los paramilitares a la región y la violación a los derechos humanos. El 4 de febrero de 2004, durante un foro sobre Medios de Comunicación y Conflicto Armado, causaron rechazo las declaraciones del ministro de Defensa, el Comisionado para la Paz y el Viceministro del Interior en el sentido de que los periodistas debían tener más sentido patriótico y actuar como soldados de la patria en el conflicto armado. El mismo día en que se realizaba dicho foro fue asesinado Oscar Alberto Polanco Herrera, director de noticias del canal de cable CNC, de Cartago, en el Valle del Cauca. Polanco fue abordado por dos sicarios que se movilizaban en una moto, cuando salía de las oficinas del canal. Le propinaron dos disparos en la cabeza. El periodista, con más de 12 años de experiencia, presentaba diariamente el noticiero CNC Noticias y la sección Noticias de la Dirección, donde daba sus opiniones sobre diversos temas de la política local. Reconocido en Cartago como un periodista “frentero” y por su trabajo a favor de las comunidades locales, había expresado su inconformidad hacia algunos funcionarios públicos de Cartago. Este fue un asesinato por razones de oficio. Cabe anotar que en esa región del país se han consolidado alianzas entre narcotraficantes, paramilitares y elementos de la política local. El propio alcalde de Cartago está siendo investigado porque tierras de un conocido narcotraficante aparecieron a nombre suyo. El 7 de febrero, el reportero gráfico de El Tiempo y Llano 7 días, Guillermo Herrera Morales, resultó herido tras haber sido atacado a bala por las FARC el helicóptero en el que se movilizaba junto con el gobernador del Meta y otros funcionarios públicos. El periodista regresaba de cubrir una visita del Gobernador al municipio de San Juanito, cuando recibió un proyectil en la pierna. El 7 de febrero fue asesinado Martín La Rotta Duarte, gerente y propietario de la emisora La Palma Estéreo, en San Alberto, departamento del César. Le propinaron una puñalada en su casa. El periodista no había recibido amenazas. La emisora no tenía espacios noticiosos y se dedicaba a la presentación de programas musicales y culturales. Al parecer, fue un asesinato por razones distintas de la profesión. En febrero empeoró la situación para los periodistas de Barrancabermeja. Se reportó como desaparecido el periodista deportivo Fabián Eduardo Morales del programa "Noticias en Primer Plano" del canal local Tele Petróleo y denunciaron amenazas contra sus vidas Diego Waldrón Guerrero y Garibaldy López, quienes conducen el programa radial "Noticias en Caliente", de la emisora Calor Estéreo, la misma en la que trabajaba José Emeterio Rivas, asesinado el pasado mes de abril de 2003. Los periodistas fueron amenazados por los funcionarios públicos a los que denunciaron. En marzo, Cristian Herrera, periodista de La Opinión, de Cúcuta, denunció ante la SIP que había sido amenazado por el alcalde y el jefe de la Policía de Norte del Santander. Las amenazas se produjeron luego que el periodista publicó un artículo sobre el aumento de hurto de automotores en Cúcuta. El alcalde le advirtió a Herrera de que lo demandaría y le sindicó de “terrorista”. El periodista tiene la grabación de las palabras del alcalde. Herrera denunció también que el comandante de la policía ofreció dos días de permiso al agente que lograra hallarlo en la comisión de alguna infracción. La Fiscalía General de la Nación precluyó la investigación penal que adelantaba contra el periodista Roberto Posada, Dártagnan, por los delitos de injuria y calumnia, debido a una denuncia que le había impuesto el industrial Pedro Juan Moreno por dos columnas publicadas en el diario El Tiempo. Moreno pidió una rectificación, que el periodista realizó y que fue considerada por el Tribunal Superior de Bogotá como idónea y completa. El 9 de marzo el Juez Séptimo Penal del Circuito de Bogotá dictó sentencia condenatoria a 38 años de cárcel al jefe paramilitar Carlos Castaño, como autor intelectual del homicidio del periodista y humorista Jaime Garzón Forero, ocurrido en Bogotá el 13 de agosto de 1999. También, absolvió a quienes se hallaban sindicados por la Fiscalía como autores materiales.