BOLIVIA

El 18 de octubre de 2003, después de sangrientos enfrentamientos que se suscitaron en las ciudades de La Paz y El Alto, con un saldo de más de 50 muertos, renunció el presidente de la República, Gonzalo Sánchez de Lozada, quien junto con algunos de sus ministros abandonó el país para refugiarse en Estados Unidos. A raíz de esos acontecimientos, en los que intervinieron las Fuerzas Armadas de la Nación y la Policía Nacional, el Congreso Nacional aceptó la dimisión del primer mandatario, nombrando en su lugar al vicepresidente de la República, Carlos Mesa Gisbert. La convulsión social, que empezó el 12 de octubre, se produjo en contra de la exportación de gas natural licuado a mercados de ultramar por un puerto de Chile, además de otras exigencias, con un paro de actividades convocado por las organizaciones sindicales que afectó a una buena parte del país, especialmente en las ciudades de La Paz y El Alto, centros en los que las movilizaciones fueron masivas. Ante la represión armada, las organizaciones sindicales, cívicas, personalidades y las juntas vecinales, plantearon la renuncia del Presidente. Varios medios de comunicación que editorialmente adoptaron la posición de que el Presidente debería renunciar fueron castigados por el gobierno. El periódico El Diario de La Paz e igualmente el semanario Pulso, que se edita en esa misma ciudad, sufrieron el embargo de sus publicaciones el 14 y 15 de octubre. Asimismo, la red de Televisión “A”, Canal 36, dejó de emitir su informativo que se extiende todo el día, al ser intervenida, denunciando, sin embargo, a través de caracteres, que el gobierno trataba de acallar a algunos medios de comunicación. De acuerdo con las denuncias de ejecutivos de El Diario, y del semanario Pulso, agentes del Ministerio de Gobierno, incautaron las ediciones de ambos medios de los puestos de venta a cargo de los voceadores de periódicos y revistas en la ciudad de La Paz. Los presuntos agentes se aproximaron a los canillitas, manifestándoles que comprarían todos los ejemplares, sin pagarles lo adecuado o, simplemente, llevándoselos sin cancelar nada. La Asociación Nacional de la Prensa (ANP), expresó su “más enérgica protesta por los atentados cometidos en contra de varios medios de comunicación social, así como por las amenazas vertidas en contra de ellos”. Además enfatizó que la “incautación de la edición del día miércoles 15 de octubre de El Diario, así como la destrucción de los equipos de Radio Pío XII son actos autoritarios inaceptables en una democracia, como lo son los intentos de incautación del semanario Pulso y las advertencias hechas a conductores de medios sobre la conveniencia de no difundir información”.