ARGENTINA

En un país que lentamente se va recuperando de la crisis social y económica más profunda que se recuerda, los medios de comunicación están aún muy lejos de mostrar alguna mejoría. Ante todo, se registra un grave atentado a la libertad de prensa cuando desde la Presidencia de la República algunos funcionarios presionan a través de llamadas telefónicas a medios de comunicación y periodistas que critican al gobierno. En estos últimos años, la prensa ha visto caer en forma alarmante su circulación de ejemplares y su venta publicitaria, mientras los costos se han encarecido a raíz del aumento de insumos y equipos importados por efecto de la devaluación que triplicó el valor del dólar estadounidense. Las distintas administraciones que rigieron al país en este período implementaron medidas que no sólo no interpretaron esta realidad para revertirla, sino que impusieron condiciones cada vez más rigurosas y acrecentaron la ya agobiante presión impositiva. En 2000, el entonces ministro de Economía Domingo Cavallo dispuso la imposición del Impuesto al Valor Agregado al precio de tapa de diarios y revistas, lo que puso en jaque a un sector que claramente depende del consumo interno. Para sostener las empresas periodísticas, se encontró un remedio poco ortodoxo, los llamados "Planes de Competitividad", que permitieron una compensación impositiva entre el IVA y los aportes patronales, hasta marzo de 2003. Luego, se aplicó otro sistema que constaba en considerar los aportes patronales como crédito fiscal a cuenta del IVA, que venció en julio último, aunque permaneció vigente por una medida cautelar peticionada por algunos diarios que avaló la Justicia. Esta situación es provisoria y alcanza sólo a los diarios incluidos en el amparo. En vista de esta preocupante situación, la prensa argentina reclama entonces que, hasta tanto se obtenga una solución de fondo, el Gobierno se retrotraiga al sistema que permita considerar crédito fiscal a cuenta del IVA a las sumas que se depositen por aportes patronales, con lo cual se contemplaría la situación de cada empresa. Algunas empresas periodísticas arrastran deudas fiscales que han resultado en embargos judiciales o intervenciones en sus cajas. En un inusitado intento de aplicar la censura previa sobre un diario, el 2 de febrero pasado la empresa editora del diario El Tribuno, de Salta, Horizontes S.A., fue notificada de una resolución del juez de feria Guillermo Félix Díaz por la cual dispuso imponerle una serie de restricciones en su labor informativa sobre un caso judicial que conmueve a la comunidad salteña. Esta medida fue aplicada a pedido del abogado de Francisco José Álvarez, procesado y luego sobreseído por el asesinato del chofer de ómnibus José Antonio Morales, ocurrido en 1994, que tomó un alto grado de exposición pública. El diario El Tribuno reflejó en sus páginas acontecimientos y opiniones. A través de su disposición, el juez Díaz estableció que el diario “debe abstenerse de utilizar expresiones, oraciones, frases o palabras que pudieran importar un avance sobre la presunción o principio de inocencia de que goza el actor, o de publicar su fotografía”. La interdicción se extiende a “notas, comentarios -firmados o no firmados- o de referirse, bajo cualquier forma, con relación a los hechos que fueron investigados” en la causa mencionada. El eventual incumplimiento de la resolución implicaría la aplicación de una “condena conminatoria” fijada en 5.000 pesos para cada caso. La prensa argentina expresó su más enérgico rechazo a esta medida, ya que constituye una hipótesis manifiesta de censura, que vulnera los artículos 14 de la Constitución Nacional y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que impiden todo tipo de censura. Desde la recuperación de la democracia argentina en 1983, el asesinato del reportero gráfico de la revista Noticias José Luis cabezas, ocurrido en la ciudad balnearia de Pinamar el 25 de enero de 1997, fue un atentado grave contra la libertad de prensa. En un juicio ejemplar, los principales responsables del crimen fueron condenados y se les aplicaron severas penas de reclusión. Lamentablemente, el 13 de noviembre pasado, la Sala I de la Cámara de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires resolvió reducir las penas a quienes fueron condenados como asesinos del fotógrafo. De acuerdo con la legislación que computa doble los años pasados en prisión sin un fallo firme, algunos de los encarcelados podrían quedar libres a fines de este año. El diario Castellanos, de Rafaela, Santa Fe, a raíz de un juicio por daños impulsado por el intendente de la ciudad, Ricardo Peirone, fue objeto de un embargo judicial sobre su planta impresora por la cantidad de $ 45.000. Peirone se sintió agraviado por diversas notas que publicó el diario sobre un hecho supuestamente reñido con la ética de su función. El intendente solicitó y obtuvo un embargo preventivo por el monto de su reclamo que la jueza civil de primera instancia hizo efectivo sobre las máquinas impresoras del diario. En diciembre del 2003, el camarógrafo Federico Torres y el cronista Alejandro Vargas, corresponsales de Canal 9, de Resistencia, fueron alcanzados por balas de goma mientras cubrían una manifestación de trabajadores municipales en la ciudad de Corrientes. En la ciudad de San Cosme, Corrientes, sujetos que intentaban copar un establecimiento ganadero arrojaron a un zanjón un móvil del diario Época y obligaron a retirarse al fotógrafo Miguel Fleitas ante la pasividad de los efectivos policiales. Los periodistas Jorge Ríos, Cintia Olmedo y Julián Ríos, del canal de cable de la ciudad de Conscripto Bernardis, fueron agredidos por un grupo de personas que respondían a las órdenes del electo senador provincial Luis Luna, mientras cubrían un corte de tránsito sobre la ruta 127. El periodista Damián Carreras y el camarógrafo David Barud, de Teleocho Noticias, de la ciudad de Córdoba, fueron agredidos cuando intentaban entrevistar al vicedecano de la facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Córdoba, Jorge González Segura. José María Delloro, reportero gráfico de la agencia Télam, resultó agredido durante un enfrentamiento entre desocupados y policías en la ciudad de Neuquén. Delloro recibió un impacto de granada lacrimógena en su cabeza y debió ser trasladado a un centro asistencial.