CHILE

En este semestre, la prensa ha desarrollado sus actividades sin grandes obstáculos. No obstante, subsisten las normas legales amenazantes y los proyectos de ley que podrían poner en peligro la libertad de expresión con el pretexto de proteger la privacidad, la intimidad y la honra de las personas. La tramitación legislativa de estos proyectos no ha tenido mayores progresos, pero tampoco lo han tenido las iniciativas que procuran superar los problemas actuales. Entre estos, se cuenta una nueva propuesta que procura facilitar el acceso a las fuentes públicas, presentada por el presidente y el vicepresidente del Senado que representan a las dos grandes coaliciones políticas nacionales. Desde la reunión anterior, las decisiones judiciales referidas a los complejos casos que han afectado a varios periodistas han avanzado con decisiones favorables a los periodistas acusados. Nuevos procesamientos a reporteros de los principales canales de televisión fueron anulados por la Corte de Apelaciones en pocos días. Igualmente, se resolvió amigablemente una querella entre un fiscal de la Corte de Apelaciones y el periodista Alejandro Guillier, director periodístico de Chilevisión. No obstante, se mantiene sin cambios la situación legal de los periodistas que denunciaron las conductas sexuales clandestinas de un ministro de la Corte de Apelaciones, que lo hacían vulnerable a un caso que él investigaba, por lo que siguen sometidos a procesos los cuatro periodistas involucrados (por invasión de privacidad) y no puede reasumir su cargo el antiguo director ejecutivo del canal Chilevisión. Numerosos parlamentarios ahora consideran aberrante la ley que permite remover a un director de un medio por un mero procesamiento y dos diputados han presentado un proyecto de ley para modificarla, pero no se ha logrado ningún avance en su aprobación. A principios de septiembre causaron preocupación las amenazas de muerte que recibieron el director del periódico El Periodista y una reportera de El Mercurio a través de sus correos electrónicos, por difundir informaciones sobre la alcaldesa de una comuna de Santiago, según afirmaba el propio mensaje. El 28 de septiembre entraron a robar las oficinas de El Periodista de donde se llevaron sólo los computadores con datos contables y financieros. Se supo que años antes se había producido un hecho similar relacionado con la misma comuna de Santiago. Una periodista de un sitio informativo en Internet que publicó antecedentes de posibles irregularidades, recibió amenazas y finalmente sufrió el robo de una computadora en su casa. En el caso actual, la policía especializada en cibercrimen está investigando el origen de los mensajes y las autoridades han ofrecido protección policial a los afectados. Otros procesos judiciales relacionados con la libertad de prensa son los siguientes: En un caso de asalto a una estación de venta de gasolina, el Juez de Garantía de la ciudad de Chillán aceptó una petición de la defensa prohibiendo informar sobre la identidad de uno de los imputados. Fundamentó su decisión en el principio de presunción de inocencia y en la protección de la honra del acusado. Como, de acuerdo con el Código Procesal Penal, la audiencia es pública y sólo en casos muy especiales puede adoptarse una medida de ese género, tanto la Fiscalía Regional como el diario La Discusión de Chillán presentaron un recurso de protección en contra del juez. El 30 de abril la Corte de Apelaciones de Chillán rechazó el recurso aludido, sentencia que fue confirmada por la Corte Suprema el 3 de agosto de 2004, en atención a que el imputado había llegado a un acuerdo con el diario para que se diera a conocer su identidad. A pesar de ello fue importante que el fallo de la Corte Suprema eliminara como fundamento la necesidad de proteger la intimidad y la honra del imputado para prohibir informar sobre su identidad. El 1 de septiembre de 2004, una mujer víctima de una violación inició un juicio ordinario de indemnización de perjuicios por la suma de 70 millones de pesos (120 mil dólares) contra el diario El Centro de Talca, por haber publicado en su edición del 27 de enero de 2004 información sobre el delito del que había sido víctima, identificándola y proporcionando pormenores del hecho. La demandante participó en la audiencia del juicio oral a través de una videoconferencia y no hay constancia de que el tribunal prohibiera identificar a la víctima. Por tal motivo, la demandante se asiló, para justificar su acción en la nueva ley de prensa (ley 19733 sobre las libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo) invocando su artículo 33 que prohíbe la divulgación de ciertos delitos, entre ellos la violación, si no ha habido consentimiento expreso para tal divulgación. Sin embargo, dicha disposición debe entenderse tácitamente derogada por el nuevo Código Procesal Penal, que está basado en la publicidad del juicio oral. El senador Jovino Novoa presentó una demanda civil solicitando indemnización de perjuicios por 3 millones de dólares contra Canal 13 de la Universidad Católica por transmitir el testimonio de una mujer que dijo haber sido abusada sexualmente por el senador, pero que más tarde al caer en contradicciones y errores evidentes se retractó, admitiendo que todo había sido mentira. Dos meses después de presentada la demanda el canal ofreció sus disculpas públicas al senador, pero el caso judicial continúa. El diario El Comercio de Lima se hizo parte en un juicio en contra del director Nacional de Aduanas de Chile con el objeto de tener acceso a documentos relativos a presuntas irregularidades en una importación de un automóvil para un diputado peruano, acción de la que también participó la Asociación Nacional de la Prensa. El Tercer Juzgado Civil de Valparaíso, en fallo del 9 de junio de 2004, declaró que la actuación de ese servicio vulneraba “el legítimo ejercicio del derecho de acceso a información pública contenido en el artículo 13 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado”, razón por la que acogió el amparo. El director Nacional de Aduanas no apeló la sentencia y la información ya se entregó al diario El Comercio. Se trata del primer fallo judicial sobre la materia desde la publicación de la ley de acceso a las fuentes públicas.