ECUADOR

La libertad de prensa e información se ha deteriorado en los últimos meses. Los medios han debido enfrentar intentos de que se ponga en vigencia una ley tipo mordaza, declaraciones agresivas del presidente de la República, su equipo de gobierno y miembros del Congreso Nacional, negativa de instituciones públicas y de las Fuerzas Armadas a entregar información de carácter público y un inicial rechazo del gobierno y de los gremios periodísticos a la Declaración de Chapultepec. Por su parte, la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP) espera que se tramite el proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública que propuso en septiembre del 2002. Hechos sobresalientes en este período: - Luego de que en el informe presentado en El Salvador constara el caso Televisión Satelital, que incluía el reclamo de ese medio porque la empresa de televisión pagada TV CABLE lo había sacado de su oferta, la empresa de cable protestó porque no se mencionaba su versión. TV CABLE sostiene que cumple con lo que las leyes ecuatorianas le exigen para operar. Entre esas exigencias está la inclusión de un dispositivo que permita a los usuarios poder escoger entre la programación que ofrece su empresa y los canales de televisión abierta. Además, indican que el Tribunal Constitucional declaró, en 1995, inconstitucional una norma legal que disponía que la televisión por suscripción debía incluir en su programación todos los canales de televisión abierta de cada ciudad. - El 11 de abril el concejal del cantón El Empalme, en la provincia de Guayas, Byron Cornejo Coba, agredió al periodista Ángel Vera Santos, de radio La Troncal, porque éste había denunciado unas supuestas acciones irregulares realizadas por el concejal. - La Federación Nacional de periodistas denunció que el 26 de mayo un piquete de agentes de la Armada detuvo, en la ciudad de Esmeraldas, al periodista Edgar Quiñones Sevilla, procurador síndico del gremio, debido a las denuncias que Quiñones había hecho sobre el proceso de concesión del Puerto de Esmeraldas. Horas más tarde el periodista fue liberado. - En mayo el gobierno realizó una serie reuniones denominadas Diálogos Nacionales, en las que trató de obtener acuerdos sobre los principales aspectos de la vida nacional. Entre los objetivos que planteó ese diálogo figuran: debatir un nuevo papel para los medios de comunicación y el gobierno en la modificación de valores, creencias sociales, actitudes colectivas orientadas al desarrollo, a la construcción de la ciudadanía y la identidad; concluir acuerdos mínimos, entre todos los actores de comunicación social, que apunten a fortalecer la gobernabilidad y estabilidad política en el país, y establecer compromisos para construir una cultura ciudadana; analizar la agenda de los medios de comunicación frente al actual gobierno e identificar criterios para mejorar el espacio informativo. - La AEDEP criticó la imposición de criterios estatales por la amenaza que representan a la libertad de prensa. - El 18 de junio la policía municipal de la ciudad de Guayaquil agredió a dos periodistas que cubrían un operativo de reubicación de comerciantes. Al fotógrafo Martín Herrera, de El Universo, le quitaron la cámara; mientras que al camarógrafo Xavier Ruiz, de Ecuavisa, le echaron gas en la cara. Luego del incidente el alcalde de Guayaquil lamentó los hechos y anunció que los policías que cometieron el abuso serían dados de baja. - Por querella presentada por el alcalde de Manta, de la provincia de Manabí, el 25 de junio el fiscal penal de Guayas inició un proceso de indagación previa contra El Universo, de Guayaquil, y el periodista responsable de la noticia “contaminación en las playas de Manta”, publicada el 12 de abril. El alcalde sostuvo que la noticia “daña la imagen de la ciudad” y que aleja a turistas del balneario. El problema de contaminación en Manta es tan grave, que ha provocado incontables trabajos periodísticos y protestas de sus habitantes. - En julio el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Joaquín Zevallos, entregó al presidente, Lucio Gutiérrez, un anteproyecto de ley, que según dice Zevallos, “servirá para combatir la corrupción y la difamación”. El proyecto plantea incorporar el siguiente texto al Código Penal Ecuatoriano: “Asimismo constituye difamación el que a través de la prensa, televisión, transmisión informática o telemática, o mediante cualquier otro medio de difusión privada o colectiva, ofenda la reputación de parte o de todas las personas que conforman una asociación, corporación, grupo, institución, fundación, organismo, gremio, etnia o de cualquier ente colectivo con imputaciones generalizadas o indiscriminadas que incluyan a todos los miembros que la conforman, sin identificarlos, sean estas imputaciones ciertas o falsas, determinadas o indeterminadas que puedan causar deshonra, descrédito o perjuicio o expongan al desprestigio a ese grupo de personas”. “Los responsables de estos actos serán también sancionados con la pena de prisión de 6 meses a 2 años”. - En agosto el alcalde de Morona (de la provincia Morona Santiago), Washington Vallejo, enjuició y pidió una indemnización de US$ 100.000 al periodista Wilson Cabrera Riera por considerar que lo injurió al reproducir una grabación (de una radio de otra ciudad) que contenía una entrevista en donde otro periodista entrevistaba al gobernador de la referida provincia. En ella, el gobernador cometía supuestas injurias contra el alcalde. El periodista fue enjuiciado porque no indicó quién pagó u ordenó la reproducción de la grabación. En septiembre, el presidente Gutiérrez dijo que enviaría al Congreso Nacional una ley para regular el trabajo de prensa, porque considera que hay muchos chismes y noticias infundadas. A pocos días del anuncio, el Secretario de Comunicación del gobierno dijo que lo que el presidente Gutiérrez quería decir es que iba a usar las leyes existentes para defender su gestión y el buen nombre del gobierno y que el objetivo era iniciar una campaña nacional contra los chismes. - En septiembre el Secretario de Comunicación de la Presidencia de la República, Marcelo Cevallos, aseguró que el presidente no firmaría la Declaración de Chapultepec porque, según Cevallos, el artículo ocho está en contra de la legislatura ecuatoriana. La actual Constitución Política de Ecuador, en vigencia desde 1998, prevé el derecho a la libre asociación, lo que deja sin efecto lo que sobre la materia indica la Ley del Ejercicio Profesional del Periodista, expedida en 1975 bajo dictadura militar, que establece que la colegiatura es obligatoria. Unos días después, el Secretario de Comunicación dijo que nadie le había solicitado por escrito al presidente de la República la adhesión a la declaración. Finalmente, el 30 de septiembre, el presidente aseguró que estaba dispuesto a firmarla. El 22 de septiembre el Decano de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador, de Quito, hizo un llamado para que Ecuador no suscriba la Declaración de Chapultepec porque, según expresó, “no ha sido sometida a debate, discusión o consenso alguno. Las partes involucradas no han participado ni han sido consultadas”. Finalmente, el presidente Gutiérrez firmó la Declaración el 2 de octubre durante un acto especial en la asamblea general de la Asociación Internacional de Radiodifusión, celebrada en Guayaquil. - En septiembre, el director del quincenario Pluma Tabacundeña, de Tabacundo, provincia de Pichincha, fue citado, a pedido del alcalde del cantón, ante un juzgado para que diera una declaración jurada sobre el origen de las noticias y artículos de opinión que aparecieron en el medio con críticas a la administración municipal. El director, Carlos Puga, asegura que se quiere hacer desaparecer el medio. - En septiembre el articulista Rodrigo Fierro Benítez fue sentenciado a seis meses de prisión debido a que un juez encontró “injurias calumniosas” en un artículo publicado el 29 de mayo del 2003 en El Comercio, de Quito. La demanda contra Fierro la puso el diputado y ex presidente de la República, León Febres Cordero, quien sintió que su honra y la de su familia habían sido afectadas. El proceso duró seis meses. En su artículo, Fierro cita frases de otras dos personas (que hablan de Febres Cordero y su familia) y califica a quienes, según él, provocaron la quiebra bancaria, como “aves de rapiña” y “empresarios de pacotilla”. La orden de prisión fue suspendida debido a que el articulista ha apelado y ha acusado al juez de haber obrado fuera de derecho y obedeciendo consignas políticas. Públicamente Fierro ha ratificado su posición. En las mismas fechas en que se produjo la sentencia contra Fierro, la Corte Suprema de Justicia resolvía un mecanismo para autodepurarse debido a su politización. - El 12 de septiembre el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Octavio Romero, dijo a los periodistas que “así como ustedes exigen transparencia nosotros vamos a exigir que nos digan de dónde sale la información”. El militar pidió revisar los materiales periodísticos antes de que sean publicados. Al día siguiente un comunicado de las FF.AA. aseguraba que la institución estaba lista para colaborar con los periodistas en su tarea. - En la Contraloría General del Estado hay un decreto que limita a sus delegados regionales y les prohíbe la entrega de información sin autorización previa de la matriz de Quito. En la práctica esta disposición obstaculiza el acceso a la información a los medios de comunicación que no están asentados en la capital. - El 25 de septiembre el Secretario de Comunicación del gobierno, Marcelo Cevallos, confirmó que el gobierno estaba interesado en comprar el periódico El Telégrafo, dos radios y en montar un canal de televisión para comunicar mejor la gestión del régimen. - Actualmente la gran mayoría de las acciones del rotativo y las dos radios está en manos de la estatal Agencia de Garantía de Depósitos, que las incautó por deudas de su anterior dueño. El 30 de septiembre el gobierno dijo que no compraría el periódico. - El proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública que propuso la AEDEP en septiembre del 2002 fue aprobado en primer debate por el Congreso Nacional. En Ecuador, el Congreso debe debatir dos veces un proyecto de ley antes de pasarlo al presidente de la República para su veto o ejecución.