Marzo 2010, Aruba

Discurso de la Comisión Contra la Impunidad Roberto Rock, El Universal, México (en ausencia del presidente de Comisión Juan Francisco Ealy Ortiz) Lunes, 22 de marzo 2010 Hotel Westin Palm Beach Oranjestad, Aruba La lucha contra la impunidad nos ha mantenido en los últimos cinco meses en constante estado de alerta y actividad. Hemos reclamado a las autoridades de México y otros países mayor voluntad política para encarcelar autores de asesinatos y para que creen estrategias de protección para medios y periodistas. Investigamos casos nuevos que hemos sometido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; celebramos seminarios y foros entrenando periodistas para minimizar los riesgos y continuamos con nuestra campaña de crear conciencia pública. A pesar de nuestro esfuerzo, nos sentimos frustrados y condenamos que en este período haya continuado la violencia. Lamentablemente desde la reunión en Buenos Aires, 11 periodistas fueron asesinados y seis secuestrados, sobre quienes aún desconocemos su paradero. Seis de los 11 asesinatos ocurrieron en México, tres en Honduras y uno en Brasil y otro en Colombia: Ellos son: Evaristo Pacheco Solís, Jorge Ochoa, José Romero, Valentín Valdés, José Velázquez, José Galindo y Jorge Rábago de México; Nahún Palacios, David Meza y Joseph Hernández de Honduras; José Givonaldo Vieira, de Brasil y Harold Rivas, de Colombia. Marí Esther Aguilar Cansimbe y otros cinco periodistas mexicanos, cuyos nombres no fueron dados a conocer, permanecen desaparecidos. Pido, en honor a la memoria de todos ellos, un minuto de silencio. Muchas gracias. Nuestras actividades principales estuvieron en este período enfocadas en México, país donde el crimen organizado y el narcotráfico continúan imponiendo su terror y los medios, mayoritariamente de estados limítrofes, han optado por la autocensura como método de protección, aspecto en que el gobierno se muestra ineficiente. En febrero, tras una misión a México, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y el procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, nos informaron que se reformuló el trabajo de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas, un reclamo que la SIP tenía desde su creación en 2006, debido a su ineficiencia; además de aceptar la validez de nuestra petición de años sobre la necesidad de que finalmente haya reformas legales que permitan federalizar los crímenes contra la libertad de expresión, incrementar las penas por esos delitos y que éstos no prescriban. En esa oportunidad también visitamos Durango, en donde organizamos el tercer foro de editores del interior de México al que también asistieron 25 editores de Coahuila, Sinaloa y Sonora. Junto a ellos, se redactó la Declaración de Durango reclamando a las autoridades locales y federales su ineficiencia, así como establecer estrategias y políticas editoriales conjuntas. Desde principios de año, hemos lanzado un nuevo proyecto de investigación en México, Geografía de Riesgo, con el cual hemos recorrido hasta el momento 16 ciudades en seis estados, con el objetivo de tener una mejor radiografía de todas las regiones del país y así encontrar la mejor forma de ayudar a la prensa. En mayo lanzaremos nuestro primer diplomado virtual sobre riesgos en una alianza con la Universidad Autónoma Nacional de México, un curso de 12 semanas de duración; esfuerzo que empezamos en diciembre pasado cuando ofrecimos el primer webinar sobre coberturas bajo riesgo para periodistas brasileños. Este último cuatrimestre impartimos un total de 10 cursos, entrenando a 299 periodistas en países como México, Honduras, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Panamá. Nuestras investigaciones en Brasil y Colombia nos siguen permitiendo trabajar muy de cerca con la CIDH, con la esperanza de que se puedan resolver casos, al menos parcialmente, que permanecen impunes en sus países. En ese sentido, después de un proceso de solución amistosa con el gobierno de Brasil, este próximo 7 de abril, el estado de Bahía, que ya reconoció su responsabilidad internacional por el asesinato de Manoel Leal de Oliveira, realizará una ceremonia donde indemnizará a los familiares de la víctima con una suma cercana a los 54 mil dólares. Antes de terminar, quiero destacar dos aspectos: 1) El aporte generoso de muchos de ustedes que siguen publicando los avisos de nuestra campaña de impunidad, en más de 300 periódicos, a lo que ahora se han sumado a la campaña más de 100 sitios electrónicos. 2) E informarles que la Comisión de Finanzas aprobó la contratación de una compañía de Nueva York que nos ayudará a recaudar fondos, con la intención de que creemos un fondo fiduciario para extender nuestro trabajo más allá del 2011, el que viene siendo respaldado con el generoso aporte de la Fundación Knight, sin cuyo apoyo no hubieran sido posible estos 15 años de lucha contra la impunidad. Muchas gracias.